La designación del diputado Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad en el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta cuestionamientos por vínculos societarios con personas imputadas y formalizadas, lo que ha generado tensión tanto en la oposición como en sectores de la derecha.
A una semana del anuncio de su llegada al Ministerio de Seguridad, se informó que Jouannet mantiene sociedades vigentes que no figuran en su declaración de patrimonio e intereses. Dos de esas sociedades son con el empresario Emilio Yang, quien está imputado en una causa por presunto tráfico de influencias vinculada a la diputada Karol Cariola.
Además, Jouannet participa en la sociedad Impresiones Quizapú junto a Alberto Hadad —representante del Gremio de Empresarios de Tragamonedas—, quien fue formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas, y a Sebastián Salazar, vinculado a una casa de apuestas online.
Desde la Oficina del Presidente Electo ha primado el hermetismo sobre este asunto, mientras que desde distintos sectores políticos han planteado dudas. “Me parece muy complejo que esa nominación en Seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro gobierno, se mantenga, por lo que nosotros vamos a observar con mucha detención la actividad del subsecretario en el futuro”, declaró Johannes Kaiser en Radio Biobío.
La diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón afirmó que da “por hecho que el equipo de asesores de la OPE que han estado asesorando los nombramientos habrán investigado y sopesado esta situación”.
Por su parte, Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas, sostuvo que el equipo del Presidente electo “tendrá que volver a conversar sobre la designación” y que “es lógico, por una cuestión política. Y en esa nueva conversación determinarán si corresponde hacer alguna declaración, si corresponde tomar alguna decisión o si corresponde ratificar solamente”.
El caso pone en foco posibles conflictos de interés y la transparencia en las designaciones del próximo Gobierno, especialmente en un cargo clave para la seguridad pública. Los próximos pasos anunciados incluyen una nueva revisión interna del nombramiento y la vigilancia política sobre la actuación del futuro subsecretario en su gestión.
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