Una norma incluida en el acuerdo de reajuste del sector público que restringe los despidos generó rechazo de la oposición y abrió un debate sobre su impacto en la futura administración de José Antonio Kast. La medida, incorporada por el Gobierno en las negociaciones con los funcionarios, llegará al Congreso en los próximos días.
El Ejecutivo y los representantes de los trabajadores cerraron en las últimas horas un pacto por el reajuste salarial del sector público que, además del alza acordada, incorpora una norma de estabilidad laboral que limitaría las cesantías en la próxima administración.
Parlamentarios de oposición calificaron la medida como “un amarre” y advirtieron que busca condicionar la gestión entrante. El diputado del Partido Republicano Agustín Romero afirmó que “esto supera el espíritu propio de la ley y solo se busca amarrar a activistas y operadores políticos de este Gobierno”.
Desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum sostuvo que la norma establece “una suerte de inamovilidad de los actuales partidario” y alertó que equivaldría a “una suerte de corralito para dejar amarrados a los mismos de siempre, a los cercanos al Presidente de la República y a los grupos de confianza”.
En cambio, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y sus dirigentes defendieron la inclusión de la norma. Su presidente, José Manuel Díaz, aseguró que “lo que se busca es generar mecanismos de defensa para que los funcionarios puedan entrar a un procedimiento de evaluación de su desempeño”.
No todos los gremios adhirieron al acuerdo: el Colegio de Profesores decidió no firmar el pacto final. Su presidente, Mario Aguilar, señaló en un video que “hay ciertos principios básicos que no puedes soslayar” y cuestionó la oferta del Ejecutivo, recordando que solicitaron como base el IPC. Aguilar añadió que la propuesta del Gobierno ofrecía “un reajuste del 2% en diciembre y el 1,4% en junio del 2026” y consideró que ello no garantiza mantener el poder adquisitivo.
El proyecto de ley que contiene el reajuste y la norma de estabilidad laboral será enviado al Congreso en los próximos días para su tramitación. En paralelo, se abrieron las postulaciones al programa “Futuro Público”, destinado al reclutamiento de profesionales para la futura administración de Kast.
Los próximos pasos incluyen la presentación formal del proyecto en el Congreso, su discusión y eventual votación, además de la supervisión de los procedimientos de implementación que afectarán a miles de funcionarios públicos. La medida tiene impacto directo en la gestión pública y en la capacidad del próximo Gobierno para realizar cambios en planta administrativa.
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