El oficialismo anunció una acusación constitucional contra la exministra de Salud Ximena Aguilera, tras la confirmación de la Contraloría de intervenciones de su asesor en la atención de su madre en el Hospital del Salvador; en paralelo, la UDI presentó una denuncia penal por presunto tráfico de influencias. La decisión eleva el caso al debate en el Congreso y tensiona la agenda de probidad del Gobierno.
El episodio se remonta al 23 de diciembre, cuando la madre de Aguilera fue operada de urgencia en el Hospital del Salvador. Ante las sospechas de un trato privilegiado, Aguilera negó inicialmente que se hubiera producido un favorecimiento.
Contraloría determinó que hubo intervención en la atención a través de coordinaciones del asesor Manuel Nájera De Ferrari con directores del recinto, lo que reactivó la polémica y motivó medidas del oficialismo.
Desde la bancada del Partido Nacional Libertario señalaron que impulsarán la vía constitucional. El diputado Hans Marowski informó que “hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente a la exministra Aguilera, ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusarla”.
Marowski sostuvo que el libelo acusatorio incluirá cargos “por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación (…) de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales, por haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes de la lista de espera y que necesitaba atención medica”.
Paralelamente, la UDI presentó una denuncia penal por presunto tráfico de influencias. La diputada Flor Weisse explicó que concurrieron “ante el fiscal nacional para que inicie una investigación que pueda comprobar si hay hechos constitutivos de delito”.
El diputado Daniel Lilayú (UDI) agregó que “acá claramente se faltó a la probidad administrativa. Aquí hay hechos que tienen que ser investigados por la justicia”.
Cuando Contraloría hizo pública la irregularidad, el oficialismo anticipó la presentación tanto de una acusación constitucional como de una querella. Este lunes se anunció que ambas acciones se concretarán, según fuentes parlamentarias vinculadas al caso.
