Dirigentes y parlamentarios del PC, PS, PPD, FA, PL y DC acudieron a La Moneda para solicitar la salida del titular de Justicia, cuestionado por las 56 rebajas de condenas otorgadas administrativamente. Además, pidieron transparentar los decretos y establecer medidas para las víctimas.
La oposición volvió a exigir la salida del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por la controversia relacionada con las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Este lunes, presidentes de partidos y parlamentarios del Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Frente Amplio (FA), Partido Liberal (PL) y Democracia Cristiana (DC) entregaron una carta en la oficina de partes de La Moneda, dirigida al Presidente José Antonio Kast, para solicitar la renuncia del secretario de Estado.
La entrega se realizó mientras el mandatario se encuentra de viaje por Europa y en medio de los preparativos de la oposición para presentar una acusación constitucional contra el ministro.
¿Por qué la oposición exige la salida de Fernando Rabat?
En la misiva, los firmantes cuestionaron las 56 rebajas de condenas concedidas administrativamente por el Ministerio de Justicia entre el 16 de junio y el 13 de septiembre de 2026 a personas sentenciadas por violación y abuso sexual infantil.
Los dirigentes sostienen que ninguna de estas decisiones fue ordenada por un tribunal y cuestionan la respuesta del Gobierno frente a la polémica.
“Reconocer el error no basta”, señalaron en el documento, donde también plantearon que el ministro dejó de ser un interlocutor válido debido a la gravedad de los hechos.
La carta además menciona rebajas de condenas a internos de Punta Peuco sentenciados por secuestro calificado y tortura, junto con personas condenadas por homicidio, narcotráfico y crimen organizado, según antecedentes difundidos públicamente.
¿Qué otras medidas solicita la oposición al Gobierno?
Junto con pedir la renuncia de Rabat, los partidos solicitaron al Ejecutivo transparentar la totalidad de los decretos cursados y sus respectivos fundamentos, resguardando la identidad de las víctimas.
También exigieron una propuesta concreta para revertir las decisiones administrativas cuestionadas y un plan de atención dirigido a las personas afectadas.
Los firmantes advirtieron que estas solicitudes no reemplazan las eventuales responsabilidades políticas que puedan determinarse y que la permanencia del ministro dificulta el diálogo con el Gobierno.
En paralelo, la oposición prepara una acusación constitucional contra Fernando Rabat, iniciativa con la que busca hacer efectiva su responsabilidad política por la controversia.
