La publicación del decreto que aprobó la concesión de un cable submarino entre Hong Kong y Concón puso en tensión al Gobierno, activó reproches de la oposición y abrió la discusión en el Congreso sobre la creación de una comisión investigadora.
El Mercurio reveló que el 27 de enero el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que entregaba la concesión a China Mobile International, una decisión que fue congelada dos días después. “La concesión entregada a China Movil International especificaba una vigencia de 30 años, que el inicio de las obras sería en un mes” y que su término se fijaba en 18 meses, según la misma cobertura.
La versión oficial del Ejecutivo intentó inicialmente instalar que el proyecto aún estaba en evaluación. Esa postura comenzó a resquebrajarse cuando el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, afirmó que “estamos en la recta final y, si se cumplen los elementos técnicos, el cable debería autorizarse”, y precisó que la concesión se había solicitado en noviembre y aprobado 63 días después. Fuentes oficialistas, según la nota, señalan que la relación entre Muñoz y Araya atraviesa un momento tenso y que el ministro habría pedido al subsecretario evitar nuevas entrevistas.
El episodio incluyó advertencias y reuniones con representantes de Estados Unidos. Muñoz sostuvo que “el embajador Brandon Judd en una reunión previa (me) había señalado la posibilidad de aplicar sanciones contra las personas que habían participado del proyecto, por muy técnica que haya sido”. En contraste, desde el gobierno se ofrecieron versiones distintas sobre el momento de esos contactos: el ministro Álvaro Elizalde afirmó que Muñoz echó pie atrás “antes de que se reuniera con el embajador de Estados Unidos, a propósito de una reunión que había tenido con un asesor de su ministerio”, mientras que la ministra Macarena Lobos indicó que “Muñoz tuvo una audiencia con el embajador quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso, el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes”.
La negociación con la empresa china se desarrolló con un alto grado de hermetismo, lo que motivó críticas por la gestión informativa del Ejecutivo. La cuenta pública, según el reportaje, también consignó que Guillermo Petersen —descrito como militante PC y jefe de gabinete del subsecretario— recibió un documento de un representante de la embajada de EE.UU. que advertía sobre riesgos para la seguridad regional.
El Gobierno recibió sanciones diplomáticas en forma de revocación de visados por parte de Estados Unidos, medida que el Presidente calificó como “arbitraria, unilateral y sorpresiva”. La situación generó además reacciones en la propia coalición oficialista: el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, afirmó que “esta polémica ha sido muy mal manejada por el Gobierno” y criticó “versiones contrapuestas entre autoridades, informaciones parciales e incompletas”. Jaime Araya recomendó al Ejecutivo “pausar sus vocerías” y el diputado Jaime Mulet dijo que “Acá alguien no está diciendo toda la verdad y eso es grave”.
Desde la oposición, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, escribió en sus redes: “¿Qué hay detrás del decreto y su anulación?” y añadió que “Los parlamentarios, particularmente de la Cámara, debieran tener a la vista la conformación de una comisión investigadora”. Parlamentarios de RN, la UDI y Republicanos han planteado la creación de una comisión investigadora una vez que asuma la nueva administración, después del 11 de marzo.
