La oposición responsabilizó al exministro de Hacienda Mario Marcel por el aumento del déficit fiscal estructural y evaluó presentar una acusación constitucional contra el actual titular, Nicolás Grau, un proceso que deberá resolver el próximo Congreso. El debate político se centra en la atribución de responsabilidades por el desfase presupuestario y sus consecuencias para las cuentas públicas.
La controversia se desató luego de que se informara que el déficit fiscal estructural alcanzó el 3,55% del PIB, y no el 1,1% que se esperaba. Ese salto en la cifra motivó críticas desde diversas bancadas y un llamado a determinar responsabilidades políticas.
Desde la derecha, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, afirmó en Radio Duna que “el responsable político, primero, es Marcel. Por otro lado, también podríamos decir que es el Presidente (Gabriel Boric), pero hoy día quien da la cara es precisamente el ministro Grau”. En la misma intervención agregó que “es lamentable que esto quede sin ninguna sanción de responsabilidad política. No puede ser que los políticos, cuando cometen este tipo de horrores, ya no son errores, se queden sin ninguna sanción”.
La diputada Joanna Pérez, de Demócratas, señaló a CNN Chile que “sabemos que esto no es solo la responsabilidad del ministro Grau; yo diría que gran parte de esta responsabilidad es del exministro Marcel”. Pérez también recordó que “el ministro Marcel arrancó tempranamente, hace ya casi seis meses, que es justamente el tiempo que es para acusarlo y los datos los tenemos hoy día con claridad”.
En redes, la diputada Pamela Jiles fue enfática sobre la gestión de Marcel: “Mario Marcel fue un ministro de Hacienda nefasto, ineficiente, con los peores resultados posibles…Y más encima salió arrancando de la acusación constitucional que merece”, publicó en su cuenta de X.
Mario Marcel dejó la cartera de Hacienda en agosto de 2025 y fue sucedido por Nicolás Grau, quien actualmente enfrenta la posibilidad de un libelo acusatorio por el incumplimiento de la regla fiscal. Fuentes de las bancadas opositoras confirmaron que están evaluando formalizar la acusación, aunque será el próximo Congreso el que determine su admisibilidad y trámite.
El caso concentra la atención política por su impacto en la agenda económica del Gobierno y por las implicancias en la responsabilidad política de autoridades anteriores y actuales. Los próximos pasos formales incluyen la decisión de las bancadas sobre presentar el libelo, su eventual ingreso al Congreso y el pronunciamiento de la Cámara correspondiente sobre seguir o no el proceso.
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