La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando que reconsidere la declaración de urgencia para el proyecto de aborto con plazos, argumentando que la medida responde a “lógicas electorales” y no a las prioridades del país.
En la misiva, los parlamentarios sostienen que “el uso de estas urgencias en torno a la propuesta gubernamental de interrupción del embarazo parece responder más a lógicas electorales que a necesidades reales del país, en tanto se plantea a las puertas de una elección presidencial y con baja -o nula- viabilidad política”. Además, advierten que “los estudios de opinión pública muestran que el respaldo al aborto libre o dentro de las 14 semanas —sin condiciones— es muy limitado”.
La carta pide además que el Ejecutivo gobierne pensando en toda la ciudadanía y no en “nichos electorales”. Según RN, “en la recta final de su mandato, corresponde que S.E. esté a la altura del cargo y gobierne para la totalidad de los chilenos, proyectando un legado que supere la ‘lógica del 25%’ que a ratos parece concentrar la agenda gubernamental”. Por último, solicitan “respetuosamente que se reconsidere el uso de urgencias legislativas para este proyecto, y que se orienten los esfuerzos parlamentarios hacia iniciativas que respondan a las verdaderas necesidades que aquejan hoy al país y a las mujeres chilenas”.
Desde el Ejecutivo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, explicó que la decisión de dar urgencia se coordinó con la mesa de la comisión de Salud de la Cámara. Orellana señaló que conversó con el presidente de esa instancia, Patricio Rosas (FA), y que acordaron que “una vez que se pudieran despachar dos proyectos prioritarios como lo eran la Superintendencia de Isapres y la Ley Ricarte Soto, íbamos a entrar con esta discusión”. La ministra añadió que “para los derechos de las mujeres y en particular para discusiones como esta nunca han estado los votos ex ante. Lo importante es dar los debates”.
La polémica por la urgencia suma así críticas desde la oposición y la defensa del gobierno sobre la necesidad de abrir el debate legislativo. Ahora queda en manos del Ejecutivo mantener o cambiar la calificación de urgencia y continuar el trámite en el Congreso, donde la discusión se vincula al calendario parlamentario y a la viabilidad política del proyecto.
