La votación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados abrió una grieta visible en la oposición: el Partido Socialista acusó de “traición política” a dos parlamentarios que votaron en contra del acuerdo para que Pamela Jiles liderara la corporación, mientras la Democracia Cristiana defendió a uno de los señalados.
La bancada del Partido Socialista (PS) señaló que “lamentamos profundamente que estos dos diputados que se presentaron como candidatos progresistas, votaran por las candidaturas presentadas por la derecha y la ultraderecha, en contra de lo acordado por sus propias bancadas”. Añadieron que “desconocemos las motivaciones que tuvieron ambos parlamentarios para comportarse como diputados oficialistas a penas asumido el nuevo gobierno, pero sí sabemos que esto constituye un acto de traición política que repudiamos”.
Los socialistas también cuestionaron la conducta del Ejecutivo y afirmaron que el gobierno del Presidente José Antonio Kast actuó “en base a ofrecimientos por votos en el parlamento, es un mal precedente y estaremos atentos y vigilantes a que su relación con los parlamentarios sea conforme a la ley y la probidad”, según su declaración.
Los dos diputados cuestionados son Jaime Mulet (FRVS) y Felipe Camaño (ind.-DC); este último obtuvo la vicepresidencia de la Cámara, según informaron las fuentes parlamentarias.
Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada Héctor Barría rechazó las acusaciones hacia Camaño y sostuvo que “no corresponde que algunos en la Cámara de Diputados llamen al orden, hablen de traición, mucho menos cuando en el Senado sus pares no dudan en llegar a acuerdos con la derecha excluyendo al resto del progresismo”. Agregó que “los temas de la DC los conversaremos y resolveremos en la DC”.
Sobre la posibilidad de sanciones internas, Barría dijo en conversación con La Tercera que “antes que nosotros demos a conocer nuestra decisión, esperamos que él tome una decisión de acuerdo al rumbo que ha decidido seguir (…). Nosotros esperamos analizar esta situación cuando ya comencemos el trabajo legislativo, el 16 de marzo”.
El episodio provoca tensiones en la coordinación opositora dentro del Congreso y plantea interrogantes sobre las futuras negociaciones legislativas con el gobierno. La Democracia Cristiana anunció que discutirá internamente el caso, mientras el Partido Socialista mantiene su llamado de alerta respecto a supuestos ofrecimientos de votos desde el Ejecutivo.
