El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dictó un fallo dividido que excluye a Daniel Jadue del padrón electoral, lo que le impide postular como candidato a diputado en las próximas elecciones, informó el Partido Comunista el 12 de septiembre de 2025. La decisión responde a una denuncia presentada por el abogado RN Marcelo Brunet.
La resolución se basó en la condición de Jadue como formalizado en el caso Farmacias Populares, según la denuncia de Brunet, que solicitó su inhabilidad para ejercer cargos públicos.
En un comunicado, el Partido Comunista cuestionó el uso de vías judiciales para definir candidaturas: “No compartimos que el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial”, dijo la colectividad.
El partido añadió críticas sobre la afectación de derechos políticos al dirigente: “Tal como lo hemos señalado en otros momentos, nuestro juicio político es que no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue, hoy también al privarlo de su derecho político fundamental a ser elegido y ejercer sufragio, basándose únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público, sin inicio de juicio y sin condena alguna”, afirmó el Partido Comunista.
Además, en el mismo pronunciamiento el PC apuntó directamente a la oposición: “La derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular. Saben que no pueden derrotar en las urnas un proyecto respaldado por miles de chilenas y chilenos, por lo que buscan impedir que ese respaldo se exprese democráticamente. No quieren que sea el pueblo quien decida: prefieren que sean los tribunales los que definan, quién puede o no ser candidato”, sostuvieron.
Aunque el Partido Comunista aseguró respetar el marco institucional, no descartó recursos internacionales: “El Partido Comunista de Chile respeta el orden institucional que nos rige, pero reafirma su compromiso con el derecho que tiene nuestro compañero Daniel Jadue de recurrir a todas las instancias que sean pertinentes para defender sus derechos políticos, entre ellos, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicaron.
Según la misma declaración, en el país no existen instancias judiciales que permitan apelar esta determinación del Tricel, por lo que la vía internacional figura como posible alternativa.
