La fallida detención y posible extradición desde Argentina de Galvarino Apablaza reavivó el debate político sobre refugio político, derechos humanos e institucionalidad entre el Gobierno, la oposición y el Partido Comunista.
Apablaza, sindicado como autor del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, iba a ser extraditado a Chile pero “no fue hallado al momento de su detención”. La situación motivó declaraciones discrepantes dentro del PC y críticas desde la derecha.
Desde el Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro afirmó que Apablaza “fue un destacado luchador antifascista contra la dictadura civil y militar”.
Su compañera Nathalie Castillo calificó como “grave y preocupante el tratamiento que ha dado el gobierno” y añadió que “aquí se está poniendo en cuestión la condición de refugio político de una persona, protegida por normas internacionales de derechos humanos”. Castillo también sostuvo que “El gobierno de Kast no puede seguir relativizando la memoria, la protección internacional ni los estándares en derechos humanos. En un país con historia como el nuestro, esto no se puede normalizar ni relativizar, porque además son conquistas que han levantado por años las organizaciones de derechos humanos y el propio Estado de Chile”.
En contraste, la diputada Daniela Serrano, jefa del comité del PC, recordó que el asesinato de Guzmán “fue condenado por el Partido Comunista. Y creo que en ese sentido la opinión que nosotros tengamos hoy día es finalmente respetar la institucionalidad de nuestro país”. Serrano también pidió equidad en las investigaciones: “Lo que nosotros también esperamos es que tanto si se están haciendo esfuerzos para extraditar a Galvarino Apablaza, también se cumplan, por ejemplo, las condenas de los criminales de lesa humanidad en Chile”.
Las declaraciones de Pizarro generaron una reacción inmediata desde la derecha. El senador Iván Moreira acusó a la diputada de ser “una verdadera cómplice del terrorismo y del asesino de Jaime Guzmán, nuestro senador”.
Sobre el historial de Apablaza, el exfrentista fue militante del Partido Comunista y de las juventudes comunistas. Tras ser detenido en 1974, fue expulsado a Panamá y posteriormente se trasladó a Cuba, donde ingresó a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Residió en Argentina al menos desde principios de los 2000; recibió asilo político en 2010, que le fue retirado en 2017.
La situación mantiene en tensión la agenda política: aún se esperan explicaciones oficiales del Gobierno sobre las gestiones para la extradición y las razones detrás de que Apablaza “no fuera hallado al momento de su detención”. El episodio podría intensificar el debate en el Congreso sobre derechos humanos y procedimientos de cooperación internacional.
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