El OS7 de Carabineros habría interceptado comunicaciones que vinculan al diputado del Partido Republicano Cristián Araya con el conservador inmobiliario Sergio Yáber, investigado en el caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”, y que, según la publicación de Ciper, incluyen una supuesta entrega de $1,7 millones y gestiones para frenar una acusación contra un exministro de la Corte de Apelaciones.
A comienzos de octubre, el OS7 habría interceptado llamadas entre Araya y Yáber, según el reportaje de Ciper. En esas comunicaciones, el medio señala que Yáber aseguró haber entregado “1,7 millones” al diputado y que comentó a su esposa una “cita en su casa” con el parlamentario para pedir apoyo para salvar al exministro Antonio Ulloa de una acusación constitucional.
Además, el medio indica que en un tercer pinchazo se registra que el diputado habría proporcionado a Yáber información sobre el diputado socialista Daniel Manouchehri, impulsor del libelo contra Ulloa y querellante en el caso Audios, con la intención de derivarla a Ulloa y generar un “golpe de prensa”. Según Ciper, las escuchas a Yáber se realizaban desde cuatro meses antes de su contacto con Araya y habrían mostrado movimientos orientados a evitar la destitución de Ulloa del Poder Judicial.
Ante las publicaciones, Araya no respondió directamente al medio, pero a través de su cuenta de X afirmó que “las imputaciones que hace el artículo son falsas” y que “no existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna medida o acción judicial a este respecto”. El diputado añadió que, respecto a la acusación contra Ulloa, él votó “a favor de la destitución, atendida la gravedad de los fundamentos y antecedentes presentados, contrario a lo que intenta instalar el medio de comunicación”.
Sobre una eventual actuación judicial, Araya aseguró que “en caso de ser requerido por la justicia, voy a colaborar proactiva y transparentemente, con toda la información que sea necesaria, para desacreditar estas falsas imputaciones”.
Quedan pendientes eventuales actuaciones formales de la justicia y el seguimiento que puedan efectuar el Congreso y los servicios implicados. La situación mantiene abierta la posibilidad de nuevas diligencias y aclaraciones públicas que afectan la actividad parlamentaria y la transparencia en procesos vinculados a lavado de dinero y acusaciones constitucionales.
Sigue esta cobertura en portalnacional.cl.
