El 6 de octubre de 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast presentó su Plan Rol Único de Vándalos (RUV), una propuesta para enfrentar el vandalismo que plantea desde registros digitales hasta restricciones en el acceso a prestaciones públicas, en medio de la campaña de las elecciones 2025 y con implicancias para municipalidades, Gobierno y eventual discusión legislativa.
El abanderado de los partidos Republicano y Social Cristiano explicó que la iniciativa busca “registrar e identificar a cualquier persona que vandalice un espacio público o que sea parte de un turbazo” y crear “un catálogo de incivilidades”, que incluiría el comercio ilegal y las carreras clandestinas.
El primer pilar del RUV es la creación del registro digital de personas identificadas por actos de vandalismo. Según la propuesta, a ese catálogo se sumarían sanciones complementarias a las ya previstas por delitos o faltas, además de recursos y tecnología para la prevención, disuasión y respuesta inmediata.
En materia de sanciones, el plan propone limitar el acceso a prestaciones públicas. En la presentación se señaló que estas restricciones alcanzarían “becas, créditos y gratuidad escolar, subsidios de todo tipo, tarjeta estudiantil, asignaciones, aportes y bonos”.
La investigación y persecución de las infracciones que se consideren faltas quedaría en manos de los Juzgados de Policía Local e Inspectores Municipales, quienes, según el documento, contarían con “más herramientas de persecución, tecnología y recursos”.
Como parte de las medidas preventivas y de disuasión, el RUV plantea refuerzos visibles en zonas residenciales y comerciales, patrullajes preventivos, controles en horarios de mayor riesgo y el uso de tecnología disuasiva, incluida la instalación de cámaras con reconocimiento facial. La respuesta inmediata contempla el despliegue de equipos especializados y protocolos para minimizar riesgos para los civiles.
Sobre la dimensión judicial, Kast explicó que su propuesta incluye una justicia “anti-turbazo” que promueve “procesos más rápidos”, normas para aplicar sanciones más duras y el fortalecimiento de una “inteligencia penitenciaria”.
Al presentar el plan, el candidato afirmó que “los chilenos están cansados de que los mismos de siempre destruyan lo que es de todos” y añadió que “lo que no queremos es que el Estado los premie”.
Queda por determinar cómo se materializarían estas medidas en normativa vigente y cuál sería la vía de implementación: reformas legales en el Congreso, cambios en ordenanzas municipales o iniciativas administrativas del Gobierno. La propuesta también plantea debates sobre compatibilidad con derechos civiles y mecanismos de debido proceso, así como el impacto en el acceso a prestaciones para personas registradas.
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