Testimonios de abogados del Ministerio de Bienes Nacionales señalan que el Gobierno presionó para acelerar la compra de la Casa Salvador Allende, con decretos visados sin revisión y llamadas para apurar trámites, según una investigación periodística.
La Unidad de Investigación de Bío Bío recopiló declaraciones de funcionarios que coinciden en que “los procesos se aceleraron”, tanto en la solicitud de visar sin revisar los decretos de compraventa como en los telefonazos, según el reporte.
La abogada Muriel Letelier afirmó que la jefa de gabinete de la exministra Marcela Sandoval, Denisse Hernández, le indicó que no podía irse sin que llegaran los decretos de compraventa de los expresidentes. “Denisse no quería que los revisara, solo que los visara, señalándome que la opinión que yo tuviera no cambiaría ninguna decisión en la compra”, declaró Letelier el 25 de noviembre.
Letelier relató que revisó y visó los decretos, acompañada por la asesora jurídica Alejandra Poillot, “en unos cinco minutos” y que no leyó directamente el decreto de la casa Allende, aunque lo firmó.
Por su parte, Poillot sostuvo que “el Decreto Supremo N° 38 fue revisado íntegramente por la abogada Muriel Letelier. Yo no participé en dicha revisión”.
La asesora también consignó que, según el jefe de Departamento de Adquisiciones Felipe Lanchares, el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, tenía “mucha premura” y lo llamaba “incluso los fines de semana, todo para sacar el proceso en el menor tiempo posible”, en referencia al impulso por adelantar la compra.
Lanchares, según su testimonio, indicó que en septiembre de 2024 Maino le encargó dar inicio a las compras. “El periodo de compra de la casa de Allende fue excepcional (…).El proceso normal de este tipo de adquisición es de 12 a 18 meses aproximadamente”, declaró Lanchares.
Además, Lanchares declaró que recibió una llamada del representante de la familia Allende, Felipe Vio, para “discutir” la tasación inicial de la propiedad, fijada en $828 millones. Posteriormente, la cartera realizó un nuevo análisis y el avalúo aumentó en cerca de $90 millones.
Los antecedentes difundidos plantean dudas sobre la tramitación administrativa en el Ministerio de Bienes Nacionales y sobre si se siguieron los plazos y controles habituales en procesos de compra de bienes patrimoniales.
La investigación continúa y corresponderá a las autoridades competentes aclarar las circunstancias y aportar las explicaciones que requiera este caso. Siga la cobertura política en portalnacional.cl.
