Procultura: Fiscalía investiga $1.000 millones no rendidos a GORE

La Fiscalía investiga el destino de más de $1.000 millones que la fundación ProCultura, vinculada a Alberto Larraín, no rindió tras recibir recursos del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) para el programa de prevención del suicidio “Quédate”. El caso, que suma alegaciones de inversión irregular de fondos y rendiciones cuestionadas, mantiene a autoridades y tribunales en disputa.

La investigación del Ministerio Público sostiene que, entre 2022 y 2023, se produjo una serie de irregularidades en la ejecución del convenio suscrito entre el GORE Metropolitano y ProCultura. “La suscripción del convenio y traspaso de fondos a la Fundación ProCultura, sin que esta institución poseyera la capacidad, idoneidad, competencia y experticia para ejecutar el trato para el cual había sido contratada, generó como perjuicio el valor total del monto asignado a dicha iniciativa, correspondiente a la suma de $1.683.788.000”, señala un informe interno de Fiscalía.

Según el Ministerio Público, el Consejo Regional aprobó el programa y el 9 de noviembre de 2022 el GORE transfirió a la cuenta corriente de ProCultura en Banco Santander $1.683.788.000 en una sola cuota. Ese mismo día, la fundación habría invertido la totalidad de los fondos en fondos mutuos, una acción que, según Fiscalía, contraviene la Glosa 03 de la Ley N°21.395 de Presupuestos del Sector Público 2022. “Dispuso la totalidad del dinero recibido en una inversión de fondos mutuos, apropiándose en consecuencia de los dineros fiscales con el claro deseo de hacerlos propios y obtener rentabilidad”, afirma el organismo persecutor.

El fiscal Cristián Aguilar planteó en sus alegatos que los imputados “habían cometido un fraude de $1.600 millones en perjuicio del Gobierno Regional Metropolitano”, y que, de ese monto, ProCultura solo rindió cerca de $600 millones por la ejecución del programa “Quédate”. La pesquisa aún intenta determinar “qué pasó con los $1.000 millones restantes que ProCultura nunca devolvió”, según la fiscalía.

El exalcalde y actual presidente del GORE Metropolitano, Claudio Orrego, explicó que la disponibilidad presupuestaria para diseñar el programa fue de $1.600.000.000 y que la cifra “no derivó de un análisis, estudio o cálculo de costos, sino que de la simple disponibilidad presupuestaria”, según consta en el expediente. Fiscalía también cuestiona la selección de ProCultura por falta de experiencia en salud mental; la fundación, con giro principalmente editorial y en restauración patrimonial, se asoció con otras organizaciones para ejecutar el programa.

Las rendiciones de cuentas comenzaron a ingresarse en diciembre de 2022 con retrasos y solapamientos mensuales que, según la investigación, comprometieron la confiabilidad de los registros. Además, el GORE solo realizó revisiones documentales y no verificaciones en terreno para constatar la prestación de los servicios contratados.

El caso quedó al descubierto públicamente tras problemas de liquidez: el 13 de noviembre de 2023 la Fundación Círculo Polar denunció el no pago de una factura a ProCultura. El GORE solicitó el 14 de noviembre de 2023 la exhibición de la cuenta corriente y la documentación financiera de la fundación, petición que ProCultura no llegó a entregar, lo que derivó en la terminación anticipada del convenio por incumplimiento. Del monto transferido inicialmente, quedaron pendientes de devolución $1.010.379.291. El Banco Santander informó a Fiscalía que la cuenta corriente de ProCultura registra saldo negativo.

La investigación documentó además problemas laborales: tras el cierre de ProCultura en noviembre de 2023 fueron despedidos alrededor de 200 trabajadores; más de la mitad recurrió a la justicia civil por el impago de finiquitos e indemnizaciones, y “tribunales ha fallado en casos contra la fundación”, sin que los pagos se hayan materializado, según consta en el expediente.

Respecto a remuneraciones, la investigación determinó que Alberto Larraín y otros directivos emitían boletas de honorarios y recibían pagos financiados por el programa. Larraín, en su rol de director ejecutivo, percibía un sueldo neto de $5.220.000 y además recibía $1.500.000 relacionados con el convenio de prevención del suicidio; los reportes señalan también un “alto tren de gastos con chofer particular, viajes a isla de Pascua y regiones”.

En un audio incautado por la fiscalía, Alberto Larraín Lohmayer, quien trabajó en la fundación, reconoció la gravedad de la situación y dijo: “Acá claro hay una h… de malversación de recursos públicos, pero es producto de una quiebra que incluso fue provocada por el Estado, o sea porque le cerraron todas las h…, entonces tú le quitas todos los recursos de un minuto pa otro, claro siguen pagando sueldo a los compadres y eso significa que se gastan la plata de proyectos, de otros proyectos”. Agregó: “Eran $250 millones mensuales, imagínate eso es malversación, porque en rigor lo que tendrían que haber hecho ellos es que apenas le cortaron el ingreso de recursos, haber llamado a todo el mundo y decirle oye aquí se acabó la plata, vamos a devolver todas las platas”.

En el plano procesal, el 7° Juzgado de Garantía, a cargo del juez Patricio Álvarez, desechó la medida de prisión preventiva para los imputados del caso ProCultura; la Fiscalía de Antofagasta anunció que apelará esa decisión.