La Contraloría y el juez Patricio Álvarez entraron en contradicción pública por el alcance de la fiscalización en el caso Procultura, luego de que un informe administrativo detectara millonarias irregularidades en fondos gestionados por la corporación vinculada al gobernador Claudio Orrego.
El 16 de mayo de 2025 la Contraloría General de la República remitió al Gobierno Regional Metropolitano el informe 265-2024, en el que detectó “rendiciones de forma duplicada y triplicada por la suma de $1.848.631.797”, según el documento. El mismo informe señaló que se verificó “la falta de supervisión por parte de las jefaturas” y que la situación “constituye un riesgo financiero”. Además, la Contraloría instruyó la restitución de recursos: “deberá solicitar la restitución de los recursos rendidos, aprobados y rebajados duplicadamente relacionados a las facturas”, indicó el informe, que detalló montos y facturas asociados.
El reporte recorrió la secuencia administrativa: el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador Orrego de nombrar a Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo; veintiún días después se autorizó la entrega a la fundación ProCultura de $1.683.788.000 “en una sola cuota y sin licitación de por medio”, monto del que quedaron sin ejecutar $1.015.283.548 tras el estallido del caso Convenios en 2023, según las diligencias recogidas en el expediente.
En la audiencia de garantías, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, resolvió el martes rechazar la petición de la fiscalía de imponer prisión preventiva —o en subsidio arresto domiciliario— para Alberto Larraín y otros tres imputados, dejando a los acusados con arraigo nacional. En su resolución, el magistrado cuestionó la imputación vinculada a la condición de funcionario público de Larraín: “Otra complejidad (en la imputación) (…) dice relación con la calidad de funcionario público (de Larraín)”, afirmó Álvarez. Asimismo sostuvo que “(las corporaciones de derecho privado) se rigen por el derecho privado y por lo tanto a su respecto entiendo que la Contraloría General de la República no puede hacer procesos de auditoría ni de control de estas corporaciones”.
La postura del juez abrió un flanco con la Contraloría, porque el propio informe 265-2024 había dado cuenta de irregularidades y de acciones administrativas concretas contra el Gore Metropolitano. La contradicción cobró relevancia política y procesal porque la fiscalía regional de Antofagasta ha formalizado por fraude al fisco a Larraín, a la representante legal de la fundación Constanza Gómez, a la directora de estudios Teresa Abuseleme y a la funcionaria del Gobierno Regional Evelyn Magdaleno.
La contralora general, Dorothy Pérez, ya había abordado el punto en su comparecencia ante la comisión investigadora del caso Procultura en la Cámara, el 16 de diciembre de 2024. En esa sesión explicó que la ley sobre bases de la administración del Estado exige abstención en casos que “le resten imparcialidad” a un funcionario, y que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría establece marcos temporales y criterios para evaluar dichas situaciones: “señala que debe abstenerse uno frente a cualquier circunstancia que le reste imparcialidad y este es un elemento relevante a la hora de determinar si corresponde o no transferir recursos”, dijo Pérez. La contralora además cuestionó la modalidad de pago de la transferencia a ProCultura y advirtió que hacerlo “en una sola cuota” puede vulnerar “los principios de control” que deben regir en las reparticiones públicas.
Las discrepancias entre el tribunal y la Contraloría tendrán consecuencias inmediatas en la tramitación judicial. La fiscalía anunció que presentará en los próximos días una apelación a la resolución del juez Álvarez. Paralelamente, la fiscalía busca avanzar en la formalización de cargos contra el gobernador Orrego; la audiencia para la solicitud de desafuero deberá ser fijada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El caso continúa con diligencias y recursos pendientes que definirán si la Contraloría mantiene competencia para avanzar por la vía administrativa sobre las corporaciones vinculadas al Gore y cómo se resuelven las imputaciones penales. La definición de estos puntos tendrá impacto en el control de recursos públicos y en posibles responsabilidades políticas y judiciales.
Sigue la cobertura política y judicial de este caso en portalnacional.cl.
