El protocolo firmado por el Gobierno que incluye un reajuste de 3,4% para 2026 y una norma que protege a funcionarios a contrata elevó el debate político sobre el empleo público y su impacto fiscal, con críticas desde la oposición y advertencias sobre la ausencia de un informe de costos para el Congreso.
El miércoles, los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y del Trabajo, Giorgio Boccardo, suscribieron un protocolo de acuerdo con organizaciones sindicales del sector público que fija un reajuste de 3,4% para 2026; la ANEF no firmó por considerarlo insuficiente. El punto más controvertido del documento es el número 14, que establece incluir en el proyecto de ley de reajuste un impedimento para que los funcionarios a contrata sean despedidos o se les cambien condiciones laborales por invocar solo “necesidades del servicio”.
El protocolo también exige que cualquier desvinculación se haga mediante “un acto administrativo, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables”, notifique al funcionario con 30 días de antelación, le otorgue facilidades para hacer uso de su feriado legal e informe a la Contraloría. Además, se establece que quienes tengan dos años o más de servicio continuo podrán reclamar por ilegalidad ante Contraloría.
Economistas y expertos han cuestionado que la medida se incluya en el reajuste salarial y no en una reforma al empleo público. “Dado que el acuerdo está suscrito por Hacienda, habría sido útil que se pusiera un informe técnico que indicara el alcance del acuerdo y los costos hacia adelante”, afirmó David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. El informe financiero del proyecto de ley, según la fuente, solo se conocerá una vez que el Gobierno presente el documento en el Congreso.
Sobre el alcance, el acuerdo considera a funcionarios a contrata de subsecretarías, servicios públicos dependientes de ministerios, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades. En el Gobierno Central hay 534.807 personas contratadas, de las cuales 294.145 registran estatus de contrata; a ese total se suman 245.000 funcionarios de planta. Según David Bravo, el acuerdo “rigidiza el estatus de contrata de casi 380 mil personas que están en el sector público”.
La iniciativa reavivó la discusión jurídica en torno a la llamada “confianza legítima”. El excontralor Jorge Bermúdez impulsó una interpretación que dificulta las desvinculaciones cuando un trabajador a contrata acumula años en el Estado; frente a ello, la contralora Dorothy Pérez “dictaminó que los casos de confianza legítima eran una materia de disputa jurídica que les corresponde resolver al Poder Judicial”. Fallos de la Corte Suprema han vinculado la protección a plazos como cinco años, aunque no existe una normativa única; el acuerdo gubernamental menciona el umbral de dos años.
La oposición y actores municipales criticaron la medida. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, calificó la iniciativa de “irracional” y señaló que afectará “la calidad de los servicios”. El senador electo Arturo Squella (Partido Republicano) advirtió que el acuerdo “dinamita la confianza entre el gobierno entrante y el saliente y va contra las señales de acercamiento” después de las elecciones. Por su parte, José Antonio Kast afirmó: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide”, en referencia a posibles usos políticos del mecanismo.
Desde el oficialismo también hubo fricción. El diputado PS Marcos Ilabaca expresó su rechazo: “No creo que sea correcto en este proceso tratar de ponerle cortapisas al Gobierno que viene respecto a facultades que en derecho ellos poseen. Veo muy difícil que a través de este acuerdo se logren establecer requisitos adicionales a lo que el propio Estatuto Administrativo y la legalidad hoy día presenta.” La medida fue respaldada por el Frente Amplio, según la fuente.
El Gobierno ha defendido el acuerdo argumentando que no se trata de un “amarre” y que la intención es “evitar despidos arbitrarios” y responder a un antiguo anhelo de los funcionarios públicos, según vocerías de Grau y Vallejo. Críticos señalan que un cambio de esta envergadura debería tramitarse en el marco de una reforma al Estatuto Administrativo y no integrarse al proyecto de reajuste, como ha ocurrido en iniciativas anteriores.
Entre las consecuencias políticas inmediatas, se menciona que el acuerdo podría complicar las metas del gobierno entrante respecto a recortes al aparato público. Como ejemplo de designaciones recientes, el Ejecutivo nombró a Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, pese a que deberá permanecer al menos seis meses con licencia por embarazo.
