La Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Partido Socialista cuestionó con dureza el accionar de la derecha política tras la revelación sobre Bernarda Vera, una detenida desaparecida que, según versiones, estaría en Argentina, y afirmó que la situación afecta a las víctimas y al debate público sobre memoria y derechos humanos.
En un comunicado, la instancia del PS sostuvo que “preocupa que se ignore con tanta facilidad que, en esta excepcional situación estamos frente a dos víctimas del terrorismo de Estado impuesto por la dictadura”, en referencia a la propia Bernarda Vera y a su hija, quien “enfrenta la dramática situación de saber que su madre, registrada en el Informe Rettig y a quien buscó incansablemente durante décadas, se encuentra viva”, dijo la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Partido Socialista.
El PS criticó además la reacción de sectores de la derecha. Según el comunicado, “la derecha tradicional, que se autoproclama democrática y respetuosa de los derechos humanos, recurre a la Contraloría sin mostrar la más mínima empatía y respeto por la hija de Bernarda, a quien se le atribuye el papel de autora de un supuesto fraude al Estado”, señaló la Secretaría.
La nota también apuntó contra sectores de la ultraderecha: “con su habitual violencia verbal, pretende instalar la miserable sospecha de un ‘manto de duda’ sobre la existencia de más de mil casos de detención y desaparición”, advirtió la organización.
El PS describió el sufrimiento de Vera y las consecuencias de su desaparición: “en aquel septiembre, comenzó una experiencia marcada por el terror, que la llevó a vivir un trauma psíquico extremo. A la exigencia de huir de la muerte se sumó la brutalidad de hacerlo cruzando la cordillera y atravesando los cerrados, húmedos e impenetrables bosques de Panguipulli”, dice el comunicado.
Tras la difusión del caso, la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó un oficio en la Contraloría solicitando detalles sobre el Plan Nacional de Búsqueda y los hallazgos que éste ha reportado. En su requerimiento, la UDI también cuestionó que la familia haya recibido una pensión durante años y solicitó que se informe si existirá obligación de devolver dichos montos.
La controversia abrió un nuevo foco de debate entre actores políticos sobre la gestión del recuerdo histórico y las responsabilidades administrativas. La solicitud a la Contraloría y la réplica del Partido Socialista marcan el curso inmediato del conflicto: la resolución del oficio quedó en manos del órgano fiscalizador y la discusión pública continuará en el espacio político y en la opinión pública.
La situación tiene implicaciones directas para la política de derechos humanos en Chile y para las familias vinculadas a casos de detención y desaparición, además de repercutir en la confianza ciudadana en instituciones como la Contraloría y los organismos encargados del Plan Nacional de Búsqueda. Siga la cobertura política en portalnacional.cl para conocer novedades sobre la investigación y las reacciones de los distintos actores.
