El Partido Socialista (PS) salió al paso de las críticas del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) tras la absolución del carabinero en retiro Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, defendiendo la tramitación y promulgación de la controvertida Ley Naín-Retamal que hoy centra el debate en el Gobierno y el Congreso.
La reacción del PS, difundida en un comunicado, calificó las críticas como “injustas, sino también infundadas y oportunistas”. El partido sostuvo que “esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el Frente Amplio” y que “fue el gobierno del Presidente, Gabriel Boric, el que solicitó su aprobación en el contexto del asesinato de funcionarios de las Fuerzas de Orden”. Según el texto del PS, “fue este mismo gobierno el que decidió no vetarla” y “apuró su promulgación para evitar que parlamentarios recurrieran al Tribunal Constitucional”.
El pronunciamiento socialista además cuestiona la conducta de sus socios de coalición: “Si al Frente Amplio le parecía tan aberrante una ley respaldada por su propio gobierno, debió votar en contra y no abstenerse. Si el Partido Comunista consideraba que esta ley abría la puerta a aberraciones jurídicas, debió abandonar el gobierno y no permanecer en él mientras se beneficia de cargos y responsabilidades”, afirmó la colectividad.
Las críticas del FA y el PC surgieron tras la sentencia absolutoria contra Crespo, que fue acusado por el disparo que dejó lesionado a Gustavo Gatica. Parlamentarios del FA y del PC cuestionaron el fallo judicial y atribuyeron a la Ley Naín-Retamal un aumento de la “permisividad frente al uso desproporcionado de la fuerza”. En ese sentido, la diputada PC Daniela Serrano dijo que “la Ley Naín-Retamal solo ha servido para darle impunidad a aquellos que no tienen pavor alguno para cegar a un manifestante en clara violación a sus derechos humanos”.
El Frente Amplio, por su parte, sostuvo en un comunicado que “resulta ineludible señalar que hoy se confirman las advertencias y reflexiones críticas que como Frente Amplio expresamos durante la tramitación de la Ley Naín-Retamal y que nos llevó a rechazar, entre otros aspectos, la legítima defensa privilegiada”.
La discusión revive tensiones al interior del oficialismo sobre cómo se aprobó y aplicó la norma. En la votación parlamentaria, la iniciativa contó con el respaldo del Gobierno, pero tuvo “el voto en contra de la mayoría de los diputados PC y la abstención de parte de los diputados del FA”, según el PS en su comunicado.
La polémica obliga a un nuevo examen público sobre la ley y su impacto en los procesos judiciales y en el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. En los próximos días se espera que el tema siga presente en los debates parlamentarios y en la agenda mediática nacional, con posibles repercusiones en la articulación de la futura oposición y en la percepción ciudadana sobre garantías de justicia y seguridad.
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