El Gobierno presentó una nueva querella por ley antiterrorista tras el ataque en que encapuchados quemaron seis máquinas forestales en Carahue, decisión que reavivó críticas por el supuesto doble estándar en la aplicación de la norma frente a atentados en La Araucanía.
La acción penal, interpuesta por el Ministerio de Seguridad, acusa que los autores reivindicaron el hecho y lo vinculan con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), mientras que en un atentado ocurrido el mismo día en Victoria —con un vigilante muerto a balazos— la querella se formuló por homicidio calificado y asociación criminal, no por terrorismo, lo que generó cuestionamientos desde gremios y parlamentarios de la oposición.
Según el documento presentado por el Ejecutivo, la querella de Carahue detalla la forma del ataque: “Siendo las 03:00 de la madrugada aproximadamente, tres individuos cuya identidad se desconoce, a rostro cubierto y portando entre sus pertenencias armas de fuego largas, aptas para el disparo y sin contar con las autorizaciones correspondientes, ingresaron al predio ubicado en el kilómetro 07 de la ruta S-516 de la comuna de Carahue, donde opera una faena forestal”, consigna el escrito.
El Ministerio describe además que los encapuchados “usaron las armas para intimidar al guardia” y que luego “se desplegaron por el sector hasta donde se encontraban estacionadas diversas maquinarias forestales, rociándolas con líquido acelerante, para enseguida prenderles fuego”, quedando destruidas “una motoniveladora, una retroexcavadora, un trineumático, un skinner, un twich, un carro de arrastre y un container destinado a comedor”, según la querella.
El Ejecutivo sostiene además una vinculación entre los agresores y la CAM a partir de una reivindicación difundida en Radio Kvrruf: “‘Libertad a los PPM-CAM, caso Quilleco y todos los PPM. Trato digno por parte de Gendarmería. Territorio y autonomía para la nación mapuche'”, frase que, indica la querella, permite “establecer que los partícipes del delito, al menos, comparten los fines de la CAM”. El escrito concluye que “La orgánica CAM, a la que adhieren los hechores, cumple con los requisitos para ser calificada como ‘asociación terrorista'”.
La decisión de usar la nueva ley antiterrorista —promulgada en febrero y aplicada anteriormente por el gobierno en abril tras el atentado a la central hidroeléctrica Rucalhue, donde una empresa sufrió la quema de alrededor de cincuenta máquinas— motivó reparos. Parlamentarios y representantes del sector forestal cuestionan por qué en el atentado de Victoria, donde hay videos de encapuchados armados y un homicidio, no se recurrió a la misma figura penal.
“El gobierno debió haberse querellado por conducta de tipo terrorista”, señaló el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) a Emol, en representación de las críticas públicas a los criterios distintos en ambos casos.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, viajó a La Araucanía y afirmó que “evaluarían recalificar la querella si aparecieran más antecedentes”, dejando abierta la posibilidad de cambios en la calificación penal según nuevas pruebas.
En paralelo, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció a través de la red social X un aumento de las operaciones militares en La Araucanía; el Ejército está autorizado para acompañar a las policías desde la declaración de estado de excepción constitucional de emergencia en mayo de 2022. Además, en Angol partió un juicio oral contra Alejandro Liguen, acusado por la muerte del subinspector de la PDI Luis Morales durante el allanamiento a Temucuicui del 7 de enero de 2021.
La presentación de la querella y las discrepancias en las calificaciones penales abren una vía de debate político sobre el uso de la ley antiterrorista y su aplicación por parte del Gobierno y la Fiscalía. En los próximos días se espera que las autoridades informen si se solicitará una recalificación de la querella de Victoria y cuál será la estrategia estatal frente a nuevos antecedentes en la investigación.
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