El Senado aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas, una votación que desató críticas de opositores y dirigentes políticos sobre la influencia del presidente electo en la tramitación.
La iniciativa obtuvo 23 votos a favor en la Cámara Alta, decisión que fue cuestionada por sectores del oficialismo y por parte de la oposición.
El senador Jaime Quintana, presidente del PPD, acusó directamente al mandatario electo. En declaraciones a Radio Duna, Quintana afirmó que “naturalmente él estuvo detrás de esta votación, impulsó y empujó a algunos parlamentarios de la derecha a que sacaran esta discusión ahora, en este periodo, pero eso es muy preocupante”. Agregó que “este proyecto estuvo la figura del presidente electo, yo creo que ahí hubo una instrucción para muchos senadores, fue bien incómodo, algunos ni siquiera intervinieron en este debate, sabiendo los riesgos que esto tiene”.
Quintana también cuestionó el efecto político de la medida sobre la estrategia de seguridad del futuro gobierno: “la idea del gobierno de emergencia se cae cuando se privilegia dar la señal a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, que nunca buscaron colaborar para la búsqueda de justicia y para encontrar el paradero de los detenidos desaparecidos”. Advirtió además sobre posibles consecuencias en la libertad de imputados: “Cuando se habla de que este es el gobierno preocupado en la seguridad, bueno, concretamente, si esto se llegara a aprobar, podrían quedar en libertad criminales, pedófilos, violadores y narcotraficantes, además de los delincuentes de lesa humanidad”.
La aprobación en general del proyecto también motivó declaraciones desde otros sectores de la oposición. La senadora Provoste emplazó al presidente electo a “poner cordura” y afirmó que “el propósito es liberar a los de Punta Peuco”, en alusión a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
En tanto, parlamentarios de RN manifestaron reparos con el texto, señalando que contiene “errores graves” —postura que reconoce que hay inquietudes transversales respecto al contenido del proyecto.
Quintana definió como “una vergüenza” que el Congreso y los senadores que dejan su cargo el próximo 11 de marzo cierren su paso por el Parlamento con esta votación: “terminar con esta votación, que es nuestra última votación”, dijo el legislador.
La iniciativa, aprobada en general en el Senado, seguirá su tramitación en la Cámara Alta. La discusión particular y las votaciones siguientes definirán el alcance y la eventual entrada en vigencia de las modificaciones propuestas, con impacto directo en la política penitenciaria y en la agenda legislativa del próximo gobierno.
Sigue la cobertura política en portalnacional.cl.
