El Ministerio de Justicia otorgó 56 reducciones de pena a personas condenadas por abuso sexual de menores y violación. La decisión generó cuestionamientos de la oposición y de la Defensoría de la Niñez, mientras parlamentarios buscan que el ministro Fernando Rabat explique los fundamentos de las medidas.
Una polémica enfrenta al Ministerio de Justicia luego de que se conociera que, entre marzo y septiembre de 2026, la cartera concedió 56 rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Las decisiones fueron adoptadas mediante decretos administrativos y ahora son cuestionadas por parlamentarios y organismos de protección de la niñez.
Según una investigación de Interferencia citada por El Mostrador, se dictaron 27 decretos relacionados con condenas por abuso sexual de menores y otros 29 por violación. De 57 solicitudes revisadas, solo una fue rechazada.
¿Por qué se cuestionan las rebajas?
La controversia se centra en la aplicación de las normas sobre reducción de condenas. En 2022, una reforma legal excluyó determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de estos beneficios. Sin embargo, existen diferencias sobre cómo se aplica esa exclusión en casos vinculados a hechos anteriores a la reforma.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones y sostuvo que se basan en criterios de la Corte Suprema. No obstante, sus explicaciones han sido cuestionadas, ya que los beneficiados no habrían recurrido directamente a tribunales para solicitar estas rebajas.
La Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación y anunció que solicitará los antecedentes que justifican las decisiones. El organismo advirtió sobre sus posibles efectos en la protección de las víctimas.
Oposición pide explicaciones al ministro Rabat
El Partido Comunista anunció que buscará impulsar una interpelación al ministro en el Congreso, instancia en la que deberá responder preguntas de los parlamentarios.
En tanto, la bancada PPD-Independientes solicitó conocer los decretos, los fundamentos jurídicos de cada caso, la cantidad de años rebajados y si alguno de los beneficiados recuperó su libertad.
Desde el Gobierno, el vocero Gonzalo Arenas calificó la cobertura del caso como “malintencionada” y defendió la legalidad del procedimiento.
Por ahora, la controversia se concentra en esclarecer por qué se concedieron los beneficios, qué criterios se aplicaron y cómo se consideraron los derechos de las víctimas.
