A inicios de octubre el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, presentó un borrador de proyecto de ley para limitar los llamados “supersueldos” en el Congreso, una iniciativa que apunta a poner tope a remuneraciones que en algunos casos superan los $17 millones y que ha generado cuestionamientos entre funcionarios y autoridades.
Según el equipo del senador, serían 181 los funcionarios de la Cámara de Diputados y del Senado cuyos sueldos superarían a los de parlamentarios y al del Presidente de la República. Entre esos casos, “dos” percibirían $17,57 millones; “seis” recibirían $15,24 millones; “dos” $15,16 millones; “37” cobrarían $14,34 millones; “26” tendrían $11,19 millones; “55” obtendrían $9,25 millones, y “53” percibirían $8,11 millones.
La propuesta de Ossandón busca, además de limitar las remuneraciones, reducir la proporción de trabajadores contratados bajo la modalidad de contrata en el Congreso y en la Biblioteca del Congreso. El texto plantea que esos cargos no podrán exceder el “40%” de la planta de funcionarios y propone crear una “planta de extinción” para quienes hoy perciben los supuestos supersueldos, de modo que al renunciar, jubilarse o fallecer no sean reemplazados.
El borrador fue entregado al Presidente Gabriel Boric y, según la iniciativa, quedaría “abierto a indicaciones” en caso de que el mandatario decida respaldarlo y enviarlo formalmente para su trámite.
La reacción de los funcionarios no fue unánime. Funcionarios del Congreso señalaron que “las confianzas están rotas” tras la presentación del proyecto. Por su parte, Clara Moya y Luis Rubio, presidenta y tesorero de la Asociación de Técnicos y Profesionales del Senado, defendieron los pagos y afirmaron que “hay un sentimiento de maltrato, se han emitido juicios muy desacertados, muy poco respetuosos”.
En el detalle del borrador, se contempla además la posibilidad de mantener cupos administrativos que podrían ser ocupados por nuevos trabajadores, pero con remuneraciones inferiores y ninguna que supere la del Presidente.
Los próximos pasos dependerán de la decisión del Ejecutivo: si el Presidente Boric aprueba y respalda el texto, este podría ingresar formalmente al trámite legislativo y ser discutido en comisiones del Congreso. La iniciativa, en caso de avanzar, tendría impacto en la estructura de personal y en las remuneraciones de funcionarios del Parlamento, con consecuencias en la gestión interna y en el gasto asociado.
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