Un reportaje que vincula a una mujer que vive en Miramar, Argentina, con la exmilitante del MIR incluida en el informe Rettig reabrió la controversia sobre casos de desaparecidos durante la dictadura y puso en el centro al Gobierno, la Cancillería y al Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
Según un reportaje de Chilevisión y una crónica de Ex-Ante, la mujer —identificada como quien sería Bernarda Vera Contardo— habría vivido en Suecia, donde obtuvo permiso de residencia en 1978 y la nacionalidad en 1984, y luego regresó a Argentina en 1999. El reportaje mostró a la mujer, de 79 años, viviendo en Miramar.
El antecedente del libro De Carranco a Carrán (2012) del exmirista José Manuel Bravo Aguilera también apuntó a la supervivencia de Vera. En el texto, Bravo relata movimientos del grupo tras el golpe de 1973 y menciona a “Anita”, nombre de guerra de Bernarda Vera: “Anita bajaría hasta Temuco a construir una red de apoyo”, escribió Bravo en sus memorias.
El informe Rettig, elaborado tras el regreso a la democracia, consignó otro relato: “fue detenida el día 10 de octubre de 1973 en Trafún (…) por efectivos militares”, y agrega que “se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén, junto a los otros detenidos de Liquiñe”, según el documento citado por derechos humanos.
El caso cobró relevancia dentro del Plan Nacional de Búsqueda, lanzado en agosto de 2023 por el Ejecutivo. El expolicía y exintegrante del programa de búsqueda Sandro Gaete —quien renunció en agosto— afirmó que el Gobierno tuvo evidencias sobre el caso en 2024 y antecedentes que datan de 2007, según las denuncias públicas.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno tuvo antecedentes en mayo de 2024 en el marco del plan y que “en mayo de este año recibieron, a través de Cancillería, datos de que una mujer de nombre Bernarda Vera que vivió en Suecia y recibió esa nacionalidad”. Cordero dijo que esos antecedentes fueron remitidos al ministro en visita Álvaro Mesa, porque la causa de Vera estaba sobreseída y sin condenados.
Respecto a beneficios económicos percibidos por familiares, Cordero afirmó a Radio Infinita: “Hasta que eso (la investigación) no se despeje, la situación de la pensión que ella (la hija de Vera) recibe en la actualidad no está afectada”. Añadió que “no hay ningún antecedente que dé cuenta de que ella tuviese conocimiento”.
En el ámbito político, el partido RN presentó una propuesta de reforma para que la Contraloría pueda retirar beneficios fiscales en casos similares vinculados a víctimas de desaparición forzada. La iniciativa busca mecanismos administrativos para revisar pagos y reparaciones cuando surjan dudas sobre la identidad o la condición de los beneficiarios.
El informe Rettig y las cifras oficiales siguen siendo referencia: las estadísticas registran 1.469 víctimas de desaparición forzada y 307 cuerpos entregados a familiares, según organismos de derechos humanos.
