Renovación Nacional (RN) cuestionó el proyecto de cumplimiento alternativo de penas aprobado en la Sala del Senado por la oposición, alertando sobre “errores graves” y definiciones imprecisas que, dicen, requieren correcciones antes de avanzar en el trámite constitucional.
El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, afirmó en Radio Duna que “hay que corregir muchísimas cosas” y que “el texto tal como está debe ser corregido en muchas cosas. Es solo un primer trámite constitucional”. Añadió que el apoyo inicial buscaba “regular que las personas que cumplieron una parte de la pena puedan seguir presos en sus casas”.
Galilea puntualizó reparos puntuales al contenido legal: “en ninguna parte del texto dice que se tiene que haber cumplido un porcentaje X de la condena. Dos, creo que no está bien claro lo que es la etapa terminal de una enfermedad; habla de enfermedades crónicas, eso puede ser cualquier enfermedad, cualquier cosa, demasiado laxo”.
En la misma línea, el diputado RN Diego Schalper, en conversación con Radio Infinita, sostuvo que “tiene errores graves. Jurídicamente hay ciertas causales que son imprecisas y han abierto espacio a una interpretación que yo no estoy de acuerdo”. Sobre las definiciones médicas del proyecto, agregó que “a mí no me parece que una persona enferma crónica que no pueda recibir un tratamiento ‘adecuado’ es de una subjetividad total, no es pertinente (…). Me gusta más un formato de enfermedades inhabilitantes, de enfermedades terminales”.
Schalper fue enfático respecto a la postura política de su bancada: “si no se le hacen reformas importantes, yo al menos no estaría dispuesto a votarlo a favor en particular”.
Aunque la iniciativa de suspensión y cumplimiento alternativo de penas para adultos mayores y enfermos terminales contó con el respaldo de sectores de la oposición en la Sala del Senado, RN subrayó que no está conforme con el texto original y pidió indicaciones que aclaren criterios y requisitos.
La discusión continuará en las próximas etapas del trámite constitucional, donde los parlamentarios deberán decidir si introducen las reformas solicitadas por RN u otros cambios sugeridos por sectores que respaldaron el avance del proyecto. La resolución afectará la definición de condiciones para la aplicación de medidas alternativas y la seguridad jurídica para las personas en cumplimiento de condenas.
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