Los diputados de Renovación Nacional (RN) manifestaron su rechazo a la decisión del Servel de aceptar la candidatura a diputado de Daniel Jadue, al señalar que el organismo habría excedido sus competencias y vulnerado la Constitución. La carta fue dirigida a la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa.
Los firmantes fueron el jefe y la subjefa de la bancada de RN, Frank Suerbaum y Carla Morales, quienes enviaron la misiva expresando su “profunda preocupación por la decisión adoptada por el Servicio Electoral”. En esa línea, advirtieron que la aceptación de la candidatura “excede la esfera de competencias del organismo y vulnera directamente lo dispuesto en los artículos 16 y 48 de la Carta Fundamental”.
RN recordó además que, a través del abogado Marcelo Brunet, presentó al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana una solicitud para declarar la inhabilidad del exalcalde de Recoleta, investigado por su rol en el caso Farmacias Populares. Según los parlamentarios, esta acción ante la justicia electoral es la vía procedente para resolver la controversia.
En la carta, los diputados plantearon que resulta “impropio que el Servicio Electoral, en el ejercicio de sus atribuciones meramente administrativas, pretenda efectuar una suerte de control de convencionalidad para dejar inaplicable una norma constitucional expresa. Esta función no corresponde a órganos administrativos, sino que es materia propia de los tribunales de justicia”.
Los congresistas añadieron que el Servel “incurre en un exceso que erosiona la certeza jurídica y abre la puerta a la aplicación discrecional de criterios ajenos a la legalidad vigente”. Finalmente, señalaron que, respetando “la lógica de separación de poderes y la tradición democrática que caracteriza a nuestro país, lo que correspondía es que el Servicio Electoral rechazara la candidatura del Sr. Jadue”.
La presentación de RN ante el Segundo Tribunal Electoral deja en manos de ese órgano la decisión sobre la eventual inhabilidad del candidato. La disputa tiene implicancias para el calendario electoral y para el debate político en el Congreso sobre controles y competencias de los organismos electorales.
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