La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que busca entregar a la Contraloría General de la República la facultad de dejar sin efecto beneficios fiscales cuando se determine que su otorgamiento se basó en antecedentes falsos o fraudulentos. La iniciativa se enmarca en el debate público tras el caso de Bernarda Vera y pide además un sumario administrativo en el Ministerio de Justicia.
El proyecto propone introducir en la normativa dos artículos. Según el texto del proyecto, el nuevo artículo 6 bis señala que “la Contraloría General de la República tendrá la potestad de dejar sin efecto, mediante resolución fundada, en cualquier tiempo, los actos administrativos que otorguen prestaciones pecuniarias financiadas con recursos públicos, cuando conste de hechos públicos y notorios o se establezca por resolución judicial o administrativa que dichos actos se fundaron en antecedentes falsos, fraudulentos o manifiestamente erróneos”.
En paralelo, el proyecto incorpora un artículo 53 bis que establece que “Los actos administrativos que otorguen beneficios de cargo fiscal podrán ser revisados y dejados sin efecto, en cualquier tiempo, por la Contraloría General de la República, cuando conste de hechos públicos y notorios o se establezca por resolución judicial o administrativa que dichos actos se fundaron en antecedentes falsos, fraudulentos o manifiestamente erróneos”, según el mismo documento.
La iniciativa surge luego de que se conociera que Bernarda Vera, detenida desaparecida en dictadura, habría huido a Argentina y residido en Suecia para luego volver al país vecino, donde fue ubicada. Su familia, en tanto, ha recibido una pensión de reparación porque se encuentra en el listado del Informe Rettig.
Además de la reforma legal, la bancada de RN solicitó a la Contraloría que realice “un sumario para determinar responsabilidades administrativas de funcionarios o autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, según indicaron los parlamentarios. Los diputados sostienen que el actual ministro de Seguridad y extitular de Justicia, Luis Cordero, tenía conocimiento del caso, lo que podría “reunir caracteres de delito”, ya que los empleados públicos “están obligados a denunciar los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones”, agregaron.
La propuesta abre un debate sobre el control de prestaciones financiadas con recursos públicos y el alcance de la fiscalización administrativa frente a posibles fraudes. La iniciativa fue presentada por la bancada de RN y deberá continuar su tramitación legislativa para definir su alcance y procedimientos.
