La Municipalidad denunció la posible presencia de sustancias tóxicas en espacios para mascotas de la comuna. La Fiscalía instruyó a la PDI investigar los tres episodios reportados y el municipio anunció nuevas medidas de vigilancia.

La Municipalidad de Las Condes presentó una querella contra quienes resulten responsables por la presunta presencia de veneno para ratones en distintos espacios destinados a mascotas de la comuna.

La acción judicial se concretó luego de una nueva denuncia en el canil del Parque Montegrande. Con este episodio, ya son tres los casos reportados en distintos sectores de Las Condes.

Según informó el municipio, la Fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bridema) de la Policía de Investigaciones (PDI) investigar conjuntamente los hechos, con el objetivo de reunir antecedentes y establecer eventuales responsabilidades.

¿Dónde se reportaron los casos de presunto veneno?

De acuerdo con la información entregada por la Municipalidad, los episodios corresponden a tres espacios de la comuna:

• Parque Santa Rosa de Apoquindo: se confirmó la presencia de veneno para ratones en el canil.
• Plaza Horacio Rivarola: se realizó una limpieza preventiva tras recibir una alerta, pero las inspecciones no detectaron sustancias tóxicas.
• Parque Montegrande: se recibió una nueva denuncia por la presunta presencia de veneno en el espacio para mascotas.

La Municipalidad aseguró que las sustancias encontradas no corresponden a los productos que utilizan sus equipos para el control de plagas. Además, precisó que estos tratamientos no se aplican al interior de los caniles.

Municipio reforzará vigilancia en los caniles

Tras las denuncias, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que se adoptarán medidas adicionales para resguardar a las mascotas y a sus dueños.

Entre las acciones anunciadas se encuentran el aumento de los patrullajes de Seguridad Municipal y las inspecciones diarias de los espacios caninos, a cargo del Departamento de Parques y Jardines.

También se evaluará modificar la orientación de las cámaras de seguridad instaladas en las plazas para mejorar la vigilancia de estos sectores.

La alcaldesa llamó a los vecinos a informar cualquier situación sospechosa a través del número de Seguridad Pública municipal, 1402, mientras avanzan las diligencias de la PDI para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables.

Dirigentes y parlamentarios del PC, PS, PPD, FA, PL y DC acudieron a La Moneda para solicitar la salida del titular de Justicia, cuestionado por las 56 rebajas de condenas otorgadas administrativamente. Además, pidieron transparentar los decretos y establecer medidas para las víctimas.

La oposición volvió a exigir la salida del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por la controversia relacionada con las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Este lunes, presidentes de partidos y parlamentarios del Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Frente Amplio (FA), Partido Liberal (PL) y Democracia Cristiana (DC) entregaron una carta en la oficina de partes de La Moneda, dirigida al Presidente José Antonio Kast, para solicitar la renuncia del secretario de Estado.

La entrega se realizó mientras el mandatario se encuentra de viaje por Europa y en medio de los preparativos de la oposición para presentar una acusación constitucional contra el ministro.

¿Por qué la oposición exige la salida de Fernando Rabat?

En la misiva, los firmantes cuestionaron las 56 rebajas de condenas concedidas administrativamente por el Ministerio de Justicia entre el 16 de junio y el 13 de septiembre de 2026 a personas sentenciadas por violación y abuso sexual infantil.

Los dirigentes sostienen que ninguna de estas decisiones fue ordenada por un tribunal y cuestionan la respuesta del Gobierno frente a la polémica.

“Reconocer el error no basta”, señalaron en el documento, donde también plantearon que el ministro dejó de ser un interlocutor válido debido a la gravedad de los hechos.

La carta además menciona rebajas de condenas a internos de Punta Peuco sentenciados por secuestro calificado y tortura, junto con personas condenadas por homicidio, narcotráfico y crimen organizado, según antecedentes difundidos públicamente.

¿Qué otras medidas solicita la oposición al Gobierno?

Junto con pedir la renuncia de Rabat, los partidos solicitaron al Ejecutivo transparentar la totalidad de los decretos cursados y sus respectivos fundamentos, resguardando la identidad de las víctimas.

También exigieron una propuesta concreta para revertir las decisiones administrativas cuestionadas y un plan de atención dirigido a las personas afectadas.

Los firmantes advirtieron que estas solicitudes no reemplazan las eventuales responsabilidades políticas que puedan determinarse y que la permanencia del ministro dificulta el diálogo con el Gobierno.

En paralelo, la oposición prepara una acusación constitucional contra Fernando Rabat, iniciativa con la que busca hacer efectiva su responsabilidad política por la controversia.

La Corte de Apelaciones confirmó la responsabilidad del municipio por el accidente ocurrido en diciembre de 2020 en avenida Matta. La víctima, de 65 años, cayó a una cámara que estaba abierta, sin tapa ni señalización.

La Municipalidad de Santiago deberá pagar un total de $70 millones a los familiares de un hombre de 65 años que murió tras caer al interior de una cámara subterránea que se encontraba sin tapa ni medidas de protección en avenida Matta.

La resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció la responsabilidad del municipio por falta de servicio. Además, el tribunal modificó parcialmente el fallo de primera instancia y aumentó la indemnización destinada a la cónyuge de la víctima.

¿Cómo ocurrió el accidente en avenida Matta?

De acuerdo con los antecedentes del fallo, el accidente ocurrió el 3 de diciembre de 2020, cerca de las 13:00 horas, cuando el hombre caminaba junto a su hijo por el bandejón central de avenida Matta, a la altura de avenida Viel.

En ese momento, cayó al interior de una cámara subterránea que permanecía abierta, sin tapa, señalización ni barreras de protección. Las lesiones provocadas por la caída causaron su muerte en el mismo lugar.

¿Por qué la Municipalidad de Santiago deberá pagar la indemnización?

La Corte determinó que el municipio tenía la obligación de mantener en condiciones seguras las áreas verdes y los espacios públicos bajo su administración, independientemente de quién fuera el propietario de la cámara subterránea.

En ese sentido, el tribunal consideró que la ausencia de una tapa, un cierre perimetral o señalización constituía una anomalía grave y evidenciaba que el servicio municipal no había funcionado correctamente.

Asimismo, descartó el argumento de la Municipalidad respecto de una eventual imprudencia de la víctima por transitar fuera de un paso peatonal habilitado. El fallo sostuvo que el sector permitía el desplazamiento de peatones y que, en cualquier caso, correspondía advertir sobre el peligro y cerrar el acceso al lugar.

¿Cómo se distribuirán los $70 millones?

La Corte confirmó una indemnización de $15 millones por daño moral para cada uno de los tres hijos de la víctima. En tanto, elevó de $15 a $25 millones el monto destinado a su cónyuge, considerando la mayor afectación acreditada.

De esta manera, el municipio deberá pagar un total de $70 millones a la viuda y los tres hijos del hombre.

Por otra parte, el tribunal mantuvo el rechazo de la indemnización por lucro cesante, debido a que no se acreditaron suficientemente los ingresos que la víctima habría continuado percibiendo.

Las construcciones se encuentran en un humedal protegido del delta del río Trancura, en el lago Villarrica. Según una integrante del Movimiento Ambiental Intercultural, algunos propietarios instalaban ruedas en las viviendas para simular que eran casas rodantes y evitar controles municipales.

La denominada “Toma VIP” de Pucón, en la Región de La Araucanía, deberá enfrentar la demolición de construcciones que no cuentan con los permisos correspondientes y que se encuentran en el humedal protegido del delta del río Trancura, luego de que la Corte Suprema ratificara la medida.

El caso volvió a generar atención después de que Jimena Sanhueza, integrante del Movimiento Ambiental Intercultural (MAI), revelara que algunos propietarios habrían utilizado ruedas en las viviendas para hacerlas parecer casas rodantes y así evitar las fiscalizaciones.

¿Por qué se ordenó la demolición?

La controversia se relaciona con construcciones emplazadas en una zona de protección ambiental del lago Villarrica. Según explicó Sanhueza, el nombre “Toma VIP” se utiliza porque, de acuerdo con su denuncia, los propietarios ocupan una franja fiscal, aunque sostengan que se encuentran en terrenos privados.

La representante del MAI también señaló que se han realizado diversas intervenciones en el humedal, entre ellas drenajes y extracción de áridos para rellenar el terreno.

Además, advirtió sobre los posibles efectos ambientales de las descargas de fosas sépticas de las propiedades, debido a la contaminación que podrían generar en el ecosistema del lago Villarrica.

Otro de los riesgos mencionados por Sanhueza corresponde a una eventual erupción volcánica, considerando las características del sector y las condiciones de habitabilidad de las construcciones.

Viviendas con ruedas para evitar fiscalizaciones

Uno de los antecedentes que llamó la atención fue la forma en que, según relató Sanhueza, algunos propietarios habrían intentado evitar los controles municipales.

La entrevistada explicó que el terreno contaba con autorización para instalar 10 sitios destinados a casas rodantes. Sin embargo, aseguró que algunas construcciones comenzaron a levantarse como viviendas pequeñas y que posteriormente les incorporaban ruedas para simular que eran vehículos habitacionales.

“Tienen ingenio”, comentó Sanhueza al referirse a esta práctica.

La integrante del movimiento ambiental también indicó que las denuncias por intervenciones en el humedal han sido complejas, ya que muchas veces es necesario encontrar a los responsables realizando las acciones en el lugar para poder acreditar las infracciones.

Propietarios tendrían 45 días para retirar las construcciones

Tras la resolución de la Corte Suprema, Sanhueza indicó que los propietarios habrían manifestado su intención de retirar voluntariamente las construcciones dentro de un plazo de 45 días.

De concretarse esta medida, se avanzaría en el cumplimiento de la orden judicial que ratificó la demolición de las edificaciones cuestionadas.