La decisión del presidente electo José Antonio Kast de poner término al traspaso de mando y encargar una auditoría al gobierno de Gabriel Boric desató un nuevo episodio de tensión entre ambas administraciones, marcado por el caso del llamado “cable chino” y acusaciones de falta de transparencia en el proceso de entrega del país.
Los desencuentros, que según el reporte se venían acumulando desde diciembre por antecedentes de “amarres” y nombramientos de última hora, escalaron cuando Kast se retiró de una reunión en La Moneda tras conversar en privado con el Presidente. Según la nota, a las 11:00 el presidente electo anunció en conferencia de prensa que daba por finalizado el proceso de traspaso y que había designado “un equipo para conducir una amplia investigación”. Kast afirmó: “Ponemos término al proceso porque no confiamos en la información que se nos está entregando”.
La controversia estalló por un proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong que, según la cronología presentada, fue tramitado en secreto. El artículo señala que la tramitación se inició en noviembre y que el 27 de enero el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que autorizaba la concesión, pero que la resolución fue paralizada dos días después. En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Muñoz explicó: “(Tras la firma del decreto), llega una alerta desde la embajada de Estados Unidos sobre que este es un cable que tendría graves riesgos para la seguridad de Chile y Estados Unidos, que entrega información de ciberataques a empresas de telecomunicaciones y constructoras nacionales”. Añadió: “Yo tomo esos antecedentes y me dirijo a Presidencia para transmitirlos; mi sugerencia es retrotraer y dejar sin efecto lo que había firmado. Así que se procede a dejar este sin efecto”.
El presidente Gabriel Boric defendió que había advertido sobre el tema antes de que se convirtiera en polémica. “Hablé con el Presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto y que Estados Unidos ya había manifestado estas amenazas”, dijo el mandatario la noche previa al quiebre. Cuando abordó inicialmente el caso, Boric sostuvo: “Espero que todos como país, nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena (…) No aceptamos, no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile”.
El canciller Alberto van Klaveren también compareció ante el Senado y afirmó que informó del asunto a su sucesor, Francisco Pérez Mackenna, en una reunión el 3 de febrero. En la etapa pública anterior, van Klaveren había descrito el proyecto como “en evaluación, en una fase muy inicial”.
Más allá del episodio puntual del cable, el presidente electo manifestó que la preocupación central era la información sobre el estado de las finanzas públicas que recibirá su administración. Según el informe, Kast enfatizó que el país será heredado con un deterioro económico mayor al esperado y añadió referencias a una deuda bruta del gobierno central cercana al 41,7%.
La formación de la “fuerza de tarea” para realizar la auditoría y la intención de “usar todas las herramientas legales” según declaró Kast, incorpora el tema a la agenda de la nueva administración y marca una estrategia política que podría tensar las relaciones con sectores de la oposición y actores del Gobierno que dejan el poder. Analistas mencionados en la pieza recuerdan que auditorías de esta naturaleza pueden enfrentar dificultades para comprobar irregularidades y que sus resultados no siempre se traducen en sanciones.
