El Senado aprobó el martes 7 de enero de 2026 la reforma al sistema político enviada por el Gobierno, en una votación que terminó 37 a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, y remitió el proyecto a la Cámara de Diputados para su revisión y votación en el Congreso.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo en julio de 2025 para “enfrentar la atomización del sistema político”, introduce cambios en las reglas de constitución, financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos y regula en la ley la existencia y funciones de los comités parlamentarios.
El proyecto establece, entre otras medidas, requisitos más estrictos para la inscripción de nuevas colectividades, como exigir un 0,5% del padrón electoral para constituirse y acreditar presencia territorial en ocho regiones discontinuas. También se prohíbe que los fundadores de partidos postulen por otra tienda durante cuatro años y se elimina el financiamiento público para los partidos que no hayan participado en una elección parlamentaria, según detalló el Ministerio del Interior.
En el Senado hubo apoyo mayoritario a la iniciativa, pero en la Cámara Baja surgieron críticas desde la oposición. Diputados de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y otras bancadas denunciaron que la reforma busca cerrar espacios a nuevas fuerzas políticas.
Jaime Mulet (FRVS) calificó el proyecto como “una ley de amarre, otra más” y afirmó que “los mismos partidos que son responsables del desprestigio de la política, son los que están construyendo esa reforma para impedir la competencia”. Mulet agregó que se trata de “una norma que lo que busca es establecer un verdadero oligopolio de la política” y que se está “construyendo una muralla para que no se puedan constituir partidos nuevos”.
El diputado ecologista Félix González sostuvo que “el objetivo de este proyecto es impedir la aparición de nuevos partidos, eliminar la competencia política y quedarse con todo el financiamiento público”.
La discusión en el Congreso llega además en un contexto de tensión por otras iniciativas legislativas, incluyendo el reajuste del sector público, que también ha generado reparos de la oposición.
