La solicitud de inhabilidad contra el senador Javier Macaya por parte del diputado Daniel Núñez encendió ayer el debate en el Senado sobre el proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas para adultos mayores y enfermos graves. La polémica, con fuertes reproches entre parlamentarios, se produjo mientras la iniciativa ya fue aprobada en general y espera votaciones en particular.
El proyecto propone que personas con enfermedades graves y adultos mayores puedan terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario total en casos determinados.
Durante la sesión, el senador Daniel Núñez pidió que Macaya se inhabilite en la discusión por la situación judicial de su padre, condenado en 2024. “Quiero hacer valer el reglamento, por el artículo 169 letra C, y yo quiero pedir la inhabilidad de un senador, que según el artículo 8, que establece las inhabilidades, se vería un familiar suyo beneficiado por este proyecto de ley. Entonces por eso yo quiero pedir que el senador Macaya se inhabilite, porque si este proyecto de ley se aprueba, el padre de él se podría ver beneficiado al momento de que cumpla 76 años, y no termine de cumplir su condena en la cárcel, que es lo que corresponde. Yo pido que se de cumplimiento a esa inhabilidad”, dijo Núñez.
La petición provocó críticas de la bancada oficialista. El senador Luciano Cruz‑Coke calificó el emplazamiento como una agresión personal y cuestionó el momento político del planteamiento: “Primero, condeno lo que ha dicho el senador Núñez. No solamente es mala leche, de pésimo gusto, sino que no tiene nada que ver la situación del padre del senador Macaya con lo que nosotros estamos tratando. Es una falta de humanidad lo que hace, una falta de solidaridad con un colega, que llama la atención. No sorprende en todo caso, no es primera vez”, aseguró Cruz‑Coke.
En términos similares, el senador Rojo Edwards pidió que las declaraciones de Núñez sean retiradas del acta y defendió que la versión actual del proyecto no favorece a la persona en cuestión: “Encuentro lo más bajo que me ha tocado en mucho tiempo lo que acaba de declarar el senador Núñez. Tengo la peor opinión de este tipo de comentarios con situaciones como las que trae a colación. Y voy a pedirle que ojalá pueda retirar estas palabras del acta, que son una ofensa innecesaria. Porque además quiero aclarar que las condiciones actuales en las que se aprobó este proyecto, no benefician al padre del senador Macaya. Y en el futuro, cualquier persona que sea encarcelada, pariente de cualquiera de nosotros, sí podría beneficiarse. Por lo tanto, estaríamos absolutamente todos en la misma condición”, señaló Edwards.
La discusión legislativa ya había recibido críticas técnicas desde el Ejecutivo. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió hace semanas sobre riesgos y omisiones de la iniciativa: “Es un proyecto muy malo técnicamente”, afirmó el titular. Gajardo además expresó su preocupación por la posibilidad de que la norma alcance a condenados por delitos graves y citó casos emblemáticos para ilustrar esos riesgos: “Julio Pérez es esta persona que cometió los graves crímenes de Alto Hospicio, 14 mujeres de distintas edades, de 13 años la más pequeña, que violó y asesinó a estas mujeres en distintos momentos de la historia de nuestro país”. El ministro agregó que, pese a las observaciones del Ministerio, “a pesar de haber expuesto deficiencias de la normativa, no han tenido eco en la Sala del Senado, lamentablemente”.
La iniciativa fue aprobada en general en la Sala, pero aún restan las votaciones en particular y la definición de criterios que acoten sus beneficiarios. Los senadores manifestaron posiciones encontradas sobre la necesidad de precisar requisitos y establecer salvaguardas para evitar que personas condenadas por delitos graves puedan acogerse a la medida.
