La comisión de Derechos Humanos del Senado respaldó legislar un proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas para condenados mayores o con enfermedades terminales, iniciativa que generó críticas por supuestamente estar dirigida a los internos de Punta Peuco.
La propuesta fue presentada por senadores de Chile Vamos: “Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel (RN)”, según consta en la iniciativa.
El presidente de la comisión, senador Francisco Chahuán, defendió la iniciativa y aseguró que “no significa impunidad y tampoco que no haya memoria”.
Sin embargo, congresistas cuestionaron el proyecto señalando que responde a casos específicos. El diputado Diego Ibáñez, identificado como frenteamplista, afirmó que “desde el año 95 que la derecha está intentando liberar a los torturadores y creo que los abuelitos de Punta Peuco no son blancas palomas y cometieron los mayores horrores a cargo de las fuerzas de seguridad y orden durante la dictadura”. Añadió que, “a mi juicio ellos no merecen ningún tipo de beneficio alternativo que por lo demás está prohibido por los tratados internacionales”.
En la misma línea, el senador socialista Tomás De Rementería sostuvo que los cumplimientos alternativos deben aplicarse “para el criminal común que cometió un delito normal, pero no un delito grave” y expresó: “Yo no quiero que saquen a violadores de niños y tampoco quiero que saquen a las bestias, a esos seres humanos bestiales que han perdido toda característica que los hace humanos que hay en Punta Peuco, que cometieron los delitos más graves que han ocurrido en la historia de Chile”.
El diputado comunista Luis Cuello calificó como “alarmante el retroceso que ha experimentado la derecha, Chile Vamos que pretendía ser una derecha democrática, al proponer estos proyectos de ley que obviamente tienen nombre y apellido. Son proyectos que están dirigidos sin duda a los presos de Punta Peuco”.
Con el respaldo de la comisión de Derechos Humanos, la iniciativa avanzará en su trámite legislativo para su discusión en el Congreso. La polémica en torno al proyecto destaca la tensión entre criterios de memoria y reparación por violaciones a los derechos humanos y la búsqueda de medidas relacionadas con la edad o enfermedad de los condenados.
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