La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y una abstención. Entre sus principales medidas, contempla nuevas atribuciones para la PDI, plazos más acotados para reclamar contra las expulsiones y una prohibición de reingreso que aumenta de tres a cinco años.
El Senado aprobó este martes 20 de octubre el informe de la comisión mixta del proyecto que busca agilizar la expulsión administrativa de extranjeros que infrinjan la legislación migratoria. Con esta votación, la iniciativa terminó su tramitación en el Congreso y quedó despachada para continuar con los trámites previos a su entrada en vigencia.
La propuesta obtuvo 37 votos a favor y una abstención en la Cámara Alta. Un día antes, la Cámara de Diputadas y Diputados había respaldado el texto con 128 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención.
El proyecto busca facilitar la ejecución de órdenes de expulsión vigentes mediante nuevas herramientas para la Policía de Investigaciones (PDI), mecanismos para localizar a las personas involucradas y modificaciones a los plazos para presentar reclamaciones.
¿Qué cambia con el proyecto de expulsiones administrativas?
Una de las principales disposiciones establece que la PDI podrá solicitar autorización judicial para ingresar a inmuebles donde se encuentren personas extranjeras con órdenes de expulsión vigentes.
De acuerdo con el texto aprobado, el juez tendrá un plazo de 24 horas para resolver la solicitud de autorización de ingreso.
Esta medida fue modificada durante la tramitación legislativa. La propuesta original contemplaba que la autorización fuera otorgada por el subsecretario del Interior, con una revisión judicial posterior. Sin embargo, la versión despachada establece que la autorización deberá obtenerse previamente de un juez.
Nuevas herramientas para localizar a personas con órdenes de expulsión
La iniciativa también fortalece las facultades del Servicio Nacional de Migraciones para localizar a personas involucradas en procedimientos migratorios.
Para ello, el organismo podrá solicitar información a personas naturales, empresas y funcionarios públicos que permita identificar y ubicar a extranjeros en situación irregular, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto.
Además, se contemplan modificaciones a los plazos para presentar reclamaciones contra las medidas de expulsión.
Otro cambio relevante es la ampliación de la prohibición de reingreso a Chile para las personas expulsadas, que pasará de tres a cinco años.
¿Qué dijeron los senadores sobre el proyecto?
Durante el debate, parlamentarios de distintos sectores respaldaron la iniciativa y plantearon la necesidad de mejorar la capacidad del Estado para ejecutar las órdenes de expulsión.
El senador del Partido Republicano Renzo Trisotti defendió el proyecto y sostuvo que las órdenes que no se cumplen afectan la capacidad del Estado para hacer respetar la legislación. También destacó el impacto de la situación migratoria en las regiones del norte del país.
Por su parte, el senador de Renovación Nacional Andrés Longton valoró que la iniciativa se haya tramitado durante dos administraciones. Asimismo, destacó las nuevas atribuciones de la PDI y la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electrónico.
La senadora socialista Danisa Astudillo también votó a favor y puso énfasis en la situación de la Región de Tarapacá. Durante su intervención, señaló que en 2025 se dictaron más de 23 mil órdenes de expulsión en Chile, mientras que ese año se concretaron poco más de 1.200 expulsiones administrativas y judiciales, según las cifras que expuso ante el Senado.
Un proyecto iniciado durante el gobierno anterior
La iniciativa comenzó su tramitación durante la administración del expresidente Gabriel Boric y posteriormente recibió indicaciones impulsadas durante el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Con la aprobación del informe de la comisión mixta por ambas cámaras, el proyecto terminó su etapa legislativa y quedó despachado para continuar con los trámites correspondientes.
Su entrada en vigencia dependerá de las etapas legales pendientes. Una vez que comience a regir, la aplicación de las nuevas disposiciones permitirá observar cómo operan las herramientas de localización, las autorizaciones judiciales y los plazos establecidos para ejecutar las expulsiones administrativas.
