El Senado, a través de la Comisión de Constitución, despachó este 10 de septiembre de 2025 una reforma que modifica los requisitos para que personas extranjeras puedan ejercer el sufragio en Chile, en un avance que suma a la agenda de Congreso y Gobierno sobre la regulación del voto extranjero y la obligatoriedad electoral.
La ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, valoró el avance y explicó las principales novedades. “Se eleva los requisitos a partir del 2026 para que los extranjeros puedan participar en los sufragios, pasando a diez años de avecindamiento interrumpido”, declaró Lobos.
La iniciativa también define el cómputo del periodo de residencia. Según la reforma, “este periodo será contado desde la obtención de la residencia definitiva y no computándose en esos años, aquellos años en que los extranjeros se ausenten del país por más de 90 días en el plazo de doce meses”.
Sobre la relación entre el voto extranjero y la obligatoriedad del sufragio, la secretaria de Estado dijo que se hicieron ajustes legales. “Hemos hecho una compatibilización de la redacción del artículo 14 con el artículo 15 que establece el tema del voto obligatorio, ratificando su carácter de obligatorio y estableciendo que las sanciones será la propia ley la que determinará el alcance de la sanción, a quienes se les aplica y a quienes se les excluye”, explicó Lobos.
Respecto a las sanciones por no votar, la secretaria de Estado precisó el efecto para el próximo proceso electoral: “Para las elecciones del 2025, lo que se legisló el día de ayer es que efectivamente los extranjeros no tendrán multa y va a ser la propia ley la que va a determinar caso a caso, la aplicación de las multas”.
Paralelamente, la Comisión de Gobierno Interior del Senado aprobó la indicación del Ejecutivo que establece multas para quienes no concurran a votar. En la discusión, la oposición había propuesto una sanción de entre 1 y 3 UTM, pero la comisión respaldó la fórmula enviada por La Moneda, que fija la multa entre 0,5 y 1,5 UTM. Ese rango equivale, según la comisión, aproximadamente a entre $34.632 y $103.897.
Lobos enfatizó además el carácter transitorio de la norma en su inicio de vigencia. “Se establece la regla general de la transitoriedad, eso implica la reforma constitucional a partir de 2026”, dijo la ministra, vinculando el cambio con el próximo ciclo electoral.
La reforma ahora continúa su trámite legislativo en el Senado. Su aprobación definitiva y la redacción de la ley que determine el alcance de las sanciones y las exclusiones serán claves para la implementación efectiva del voto de personas extranjeras y para el Servel en futuros procesos electorales.
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