La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió que el Gobierno enfrenta un “problema profundo de comunicación” tras la polémica por el uso del concepto “Estado en la quiebra” y pidió al Ejecutivo revisar “los cambios que sean necesarios”. Sus declaraciones ponen el foco en cómo la comunicación oficial puede incidir en el debate legislativo y en la relación con el Congreso.
Núñez señaló en diálogo con Radio Infinita que “las palabras instalan realidad cuando lo dicen las máximas autoridades, me refiero a ministros de Estado”.
Sobre la dinámica política de la semana, afirmó: “El gobierno tiene que, a mi juicio, sentarse a puertas cerradas a evaluar la semana, a producir los cambios que sean necesarios”.
La presidenta del Senado precisó que no estaba pidiendo la salida de secretarios de Estado: “No estoy hablando de cambiar ministros, estoy hablando de entender que se produjo una problemática comunicacional evidente, que eso no queda solo en lo comunicacional, tiene efecto en el debate legislativo y eventualmente en los votos”.
La controversia se originó luego de que desde redes del Gobierno se difundiera que el Estado estaba “en la quiebra” como argumento para justificar que no se aplicaría el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). El uso de esa expresión provocó críticas y puso bajo escrutinio a los ministros Mara Sedini (Segegob) y Jorge Quiroz (Hacienda).
Consultado por las declaraciones de Núñez, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, respondió que “un gobierno siempre está expuesto a la crítica política, pero yo les quiero decir fuerte y claro: este es un gobierno que ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena”. Añadió que, aunque “pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, a una gráfica, o a una palabra”, la administración actúa de forma cohesionada y puede “abordar la contingencia y su programa de gobierno”.
El intercambio entre la presidenta del Senado y la autoridad del Ejecutivo refleja la tensión entre la necesidad de coordinar la comunicación gubernamental y el impacto que esa comunicación tiene en la agenda legislativa y en la percepción pública. Núñez insistió en que, si “el gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo y a mi juicio tiene que enmendarlo rápido”.
