En el Senado ingresó un proyecto que apunta a sancionar a los apoderados de menores que cometan acoso escolar de forma reiterada, con multas que podrían alcanzar las 50 UTM —casi $3,5 millones— y la incorporación de la medida en la Ley General de Educación. La iniciativa fue presentada en diciembre de 2025 por la senadora María José Gatica (RN) y en marzo se solicitó el patrocinio del Gobierno al Ministerio de Educación.
La senadora explicó en un video difundido en sus redes sociales: “entendemos que la base de la educación parte en casa, es decir, nosotros los padres, las familias, los apoderados, los tutores, somos responsables del actuar de nuestros hijos”, dijo María José Gatica (RN).
El texto del proyecto hace hincapié en que las instituciones educativas han implementado protocolos y capacitaciones, pero advierte que esos esfuerzos son insuficientes sin participación familiar. Según el escrito, “los equipos directivos y de convivencia han ido sumando nuevos protocolos, capacitaciones y espacios de apoyo. Sin embargo, los propios colegios coinciden en que esos esfuerzos no alcanzan cuando no existe un acompañamiento real desde el hogar”.
Además, la iniciativa plantea como objetivo “buscar establecer un incentivo claro para que los apoderados se involucren cuando el establecimiento los notifica de una situación de acoso asumiendo el rol que les corresponde en la formación de sus hijos o apadrinados”, según lo consignado en el proyecto.
En términos legales, la propuesta plantea incorporar una modificación al final del inciso tercero del artículo 16 D de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación. El texto propuesto establece: “Con todo, igual sanción podrá aplicarse a los apoderados de los estudiantes que, habiendo sido formalmente notificados por el establecimiento educacional de la existencia de conductas constitutivas de acoso escolar, no adopten medidas destinadas a evitar su reiteración”, precisa la iniciativa.
La senadora Gatica se reunió a mediados de marzo con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para solicitar que el Gobierno patrocine la iniciativa y así impulse su tramitación en el Congreso.
De avanzar en el Parlamento, la norma implicaría revisar responsabilidades de las familias dentro del marco de la educación y podría traducirse en sanciones administrativas contra apoderados cuyos hijos mantengan conductas de acoso pese a notificaciones escolares. El siguiente paso será la discusión y votación del proyecto en las comisiones correspondientes del Senado y, eventualmente, en la sala.
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