El Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y lo removió de su cargo, en una decisión que reabre el debate sobre la imparcialidad judicial y las relaciones entre el Poder Judicial y el Congreso.
La Cámara Alta resolvió además inhabilitar a Ulloa para ejercer cargos públicos por cinco años, tras un proceso impulsado por diputados oficialistas luego de que la Corte Suprema rechazara su remoción por falta de quórum.
En la Cámara de Diputados, el libelo contó con 141 votos a favor, uno en contra —de la diputada María Luisa Cordero (RN)— y dos abstenciones. En el Senado, el primer capítulo de la acusación, que aludía a la falta al deber de reserva y un “notable abandono de deberes”, fue aprobado con 44 votos a favor.
Los resultados parciales del resto de los capítulos fueron: el segundo capítulo, referido a el deber de abstención e imparcialidad, se aprobó con 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones; y el tercero, que acusaba intervención indebida en nombramientos y notable abandono de deberes, obtuvo 30 respaldos, 7 rechazos y 8 abstenciones.
El libelo señala que Ulloa mantuvo vínculos con el abogado Luis Hermosilla, que entregó información de las cortes al abogado, intervino en nombramientos y no se inhabilitó en causas donde existían cercanías con intervinientes.
Durante la sesión en el Senado se produjeron momentos de tensión entre parlamentarios. “Conversaciones informales”, dijo Ulloa, al referirse a contactos que habría sostenido en 2020 con los senadores Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN). El diputado Daniel Manouchehri emplazó a Provoste a dar explicaciones y Fidel Espinoza intervino en la discusión. En el intercambio, Manouchehri llamó “corrupto” a un senador y luego lo acusó de haberlo amenazado físicamente.
La aprobación en el Senado corona un proceso político que ahora deja a Ulloa separado del cargo y con una inhabilitación temporal. La medida tendrá efectos en la conformación judicial y será seguida de cerca por actores del Gobierno, la oposición y el sistema judicial.
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