El Ejecutivo avanzó en las últimas semanas en la designación de tres jueces para los Tribunales Ambientales, lo que encendió críticas de la oposición y generó cuestionamientos en el Senado sobre el manejo político de estos nombramientos. El caso suma tensión a la discusión sobre la judicialización de proyectos y la transición hacia el gobierno de José Antonio Kast.
La investigación de Ex-Ante reveló que el Gobierno propuso “tres jueces de tribunales ambientales” con perfiles ligados al activismo ambiental, en plazas consideradas estratégicas para la evaluación y reclamo de proyectos de inversión. Según la nota, algunos cargos llevaban vacantes desde hace tiempo y los nombramientos se producen cuando “resta solo una semana legislativa para el término del actual período”.
Desde la oposición, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó con dureza las designaciones. “El Presidente Boric pudo haber hecho esto hace mucho tiempo. Son vacantes que han estado durante demasiado tiempo”, afirmó. Ramírez agregó que, aunque se trata de una atribución presidencial, “da la sensación de que si bien está utilizando una atribución que le corresponde dentro de su periodo presidencial, acá hay más un ánimo de llenar espacios con personas que son ideológicamente de izquierda, de copar espacios al interior del Estado, que de cumplir con un deber constitucional”. En EmolTV sostuvo además que “se hubiese nombrado a personas más neutras, técnicas, académicos de universidades. Pero no hizo eso. Está nombrando a activistas, está nombrando gente para que haga política dentro del Estado durante el gobierno del presidente Kast”.
Las dudas sobre el proceso también provienen del oficialismo. El senador Pedro Araya (PPD), integrante de la Comisión de Constitución, señaló que “la primera responsabilidad es del Gobierno por no haber hecho mejor gestión política para generar los acuerdos con el Senado, porque no había consenso en ninguno de los dos bloques para las designaciones”. Araya añadió que “efectivamente, el Gobierno no tomó el tema y estuvo botado más de un año, pero cuando comenzaron las conversaciones han existido complejidades. De hecho, los nombres que propone el Gobierno no tienen pleno consenso en el Senado”.
En tanto, desde la Comisión de Constitución la presidenta Paulina Núñez (RN) respaldó el avance del trámite y anunció que se recomendó que “estos tres nombres vayan a la Sala del Senado para avanzar en completar los jueces que aún faltan en los Tribunales Ambientales”. Núñez añadió que “creo que es una buena presentación de cada uno de ellos”, aunque previamente advirtió que “no hay nada más dañino para la protección del medio ambiente que una judicatura, que los Tribunales Ambientales terminen politizando la discusión, que no fallen con apego a la ley o que directamente terminemos con activistas judiciales medioambientales en estas instancias”.
Desde el Ejecutivo, dijeron altas fuentes que la decisión responde a una dinámica histórica de nombramientos que se han hecho según “lógicas de cuoteo político” y que administraciones anteriores también tendieron a alinear estos cargos con sectores de derecha, por lo que, según esa versión, el actual avance no sería inédito.
El contexto político añade presión: el gobierno entrante de José Antonio Kast ha planteado como prioridad reducir la permisología y la judicialización de proyectos, por lo que la nueva composición de los tribunales ambientales puede ser un factor determinante en iniciativas estratégicas.
