El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Diego Simpértigue, enfrenta una acusación constitucional por presunta corrupción tras la aprobación unánime de la medida en la Cámara de Diputados, y ahora espera la votación del Senado. El caso ha concentrado la atención del Congreso y del Poder Judicial.
Simpértigue aseguró que “no ha habido ninguna irregularidad”, en declaraciones públicas sobre la investigación que lo involucra.
La indagación se centra en un viaje en crucero en el que participaron abogados que, posteriormente, habrían resultado beneficiados por un fallo clave dictado por la autoridad judicial. Ese vínculo es el eje de la acusación presentada por la Cámara de Diputados.
El 21 de diciembre de 2025 la Cámara aprobó por unanimidad la acusación constitucional contra Simpértigue, con lo que el expediente quedó en condiciones de ser votado por el Senado. Fuentes oficiales confirmaron que la votación en el Congreso Nacional será el siguiente trámite institucional.
El proceso pone en marcha el mecanismo constitucional que permite al Senado pronunciarse sobre la permanencia en el cargo de un ministro de la Corte de Apelaciones cuando existen imputaciones graves. En este caso, la acusación invoca presuntas irregularidades vinculadas a la relación entre resoluciones judiciales y beneficios a terceros.
El resultado de la votación en el Senado definirá los pasos disciplinarios y administrativos posteriores y tiene relevancia para la supervisión de la judicatura y la confianza pública en las instituciones. La Cámara Alta deberá decidir si acoge o rechaza la acusación constitucional una vez discutido el informe correspondiente.
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