La contralora Dorothy Pérez fue ovacionada en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025 y sus elogios generaron un debate en el Senado sobre su proyección pública y la posible politización de la Contraloría. Voces del oficialismo y de la oposición valoraron su desempeño, pero advirtieron sobre los riesgos institucionales.
El senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que “la contralora se ha transformado en la figura más relevante del año 2025, transformándose sin que ella lo busque en una verdadera rock star”, en alusión a la recepción que tuvo Pérez en Enade. Añadió que eso implica “ovación, mérito, capacidad de decir lo que piensa y, finalmente, hacerle sentido común a la ciudadanía sobre los problemas que tiene el Estado”.
Castro también sostuvo que “el nivel de sintonía popular ciudadana, reconocimiento…la colocan hacia el futuro con todas las posibilidades abiertas, hasta candidata presidencial”, planteando la posibilidad de una proyección política para la contralora.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores entregó una visión crítica respecto de esas especulaciones políticas. Según Flores, Dorothy Pérez “ha demostrado ser, si no la más, uno de los mejores contralores que la república ha tenido a la fecha desde el retorno a la democracia”. Sin embargo, advirtió que “en el momento mismo en que se siga promoviendo una eventual candidatura política, presidencial, por el sector político que sea, se pierde la calidad que hoy día tiene (autonomía)”.
En similar sentido, el senador Jaime Quintana (PPD) planteó reservas sobre mezclar el rol técnico de la Contraloría con candidaturas: “es un error politizar anticipadamente el rol que está teniendo. Sobre todo no le haría bien a una institución como la Contraloría”.
La ovación a Pérez en Enade 2025, según la cobertura, motivó los elogios y las advertencias en el mundo político, generando un cruce entre reconocimiento público y preocupaciones por la independencia del órgano fiscalizador.
Queda por ver si estos respaldos y críticas derivarán en debates parlamentarios o en pronunciamientos formales desde la Contraloría. Para la ciudadanía, el centro del debate está en preservar la autonomía institucional mientras se evalúa el impacto político de figuras públicas con alta visibilidad.
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