El senador Arturo Squella rechazó las vinculaciónes que asocian la salida del exsuperintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, con la investigación a la Universidad San Sebastián (USS), en un episodio que ha encendido el debate entre el Gobierno y actores del Senado sobre la transparencia en la educación superior.
La remoción de José Miguel Salazar ocurrió después de que la Superintendencia de Educación Superior formulara cargos contra la USS por 15 contrataciones y sueldos, informó la entidad reguladora. Tras la presentación de esos cargos, el Ejecutivo solicitó la renuncia del superintendente.
Squella, presidente del Partido Republicano y profesor en la USS, figura entre los 15 funcionarios cuya contratación y remuneración fueron objetadas por la Superintendencia. Entre ese grupo están la exministra Marcela Cubillos y el exfiscal Manuel Guerra, este último en prisión preventiva por su presunta participación en una arista del caso Hermosilla.
Respecto a las versiones que ligan su salida al avance de la investigación, Squella afirmó que “es solo mala leche” y señaló que “esa suspicacia obviamente que molesta, porque trata de empañar un trabajo que desarrollamos con profundo cariño en el ámbito académico”.
El senador añadió que “algunos más suspicaces todavía dirían que esta información sale a la vista precisamente porque se estaba llevando un juicio con un exfiscal que era profesor de la misma universidad y tratan de involucrarnos en ese mismo saco para generar algún tipo de duda”.
Sobre su trayectoria en la casa de estudios, Squella defendió su experiencia docente: “ocho años deben haber pasado por formación, digamos, o yo debo haber contribuido al menos en la formación profesional de unas mil personas, siendo directivo de varias iniciativas en la universidad”.
En la misma línea, rechazó comparaciones salariales dentro del listado cuestionado: “tratan de igualar condiciones que son totalmente distintas. Más aún porque meten dentro de la información a personas que se sabe que tenían sueldos muy altos, por supuesto que es el caso de uno, no es ni la mitad, ni un tercio”.
La formulación de cargos contra la USS y la posterior solicitud de renuncia al superintendente han abierto un nuevo frente político que involucra al Senado, sectores del Gobierno y a la opinión pública preocupada por la integridad de las instituciones de educación superior. El caso sigue en investigación por parte de la Superintendencia, y podría derivar en acciones administrativas y judiciales según evolución del proceso.
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