La diputada y senadora electa Karol Cariola declaró por cerca de 10 horas como imputada en la investigación del llamado caso “Chinamart”, donde se indagan presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho vinculados al empresario Bo Yang (Emilio Yang). La diligencia fue dirigida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y se desarrolló en Valparaíso.
Según el reportado, Cariola comenzó su testimonio alrededor de las 9:00 horas, acompañada de su abogado, Juan Carlos Manríquez. La declaración se extendió durante casi toda la jornada y sólo se interrumpió cuando la parlamentaria debió asistir al Congreso.
En la instancia, la senadora electa accedió “de manera voluntaria” a que se revisen sus cuentas bancarias, un trámite que en abril había sido denegado por el Ministerio Público. Además, el tribunal solicitó levantar el secreto bancario del empresario y de su empresa, “Fanático X Coo Limitada”, petición que con anterioridad había sido rechazada.
Fuentes citadas indican que Cariola entregó detalles sobre su vínculo con Emilio Yang: explicó cómo lo conoció y la forma en que se pagaba el arriendo del departamento en Providencia donde vivía, cuyo propietario sería el empresario. También se refirió a conversaciones con el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, en un período en que éste era alcalde de Independencia, en las que supuestamente se solicitó una rebaja de multas por infracciones de tránsito relacionadas con la conducción sin TAG.
La defensa formalizó la petición de mantener el contenido del testimonio en reserva por 90 días. Sobre la diligencia, el abogado Juan Carlos Manríquez afirmó que “la senadora electa ha cumplido con entregar todas las respuestas que se le han pedido y, de una manera completa y consistente, ha esclarecido todas las consultas que se le hicieron”. Manríquez añadió que, “de manera voluntaria, ella ha accedido a diligencias que de otra manera no se habrían podido obtener, lo cual da cuenta de su tranquilidad y ánimo de colaboración”. En la misma línea subrayó que “todas aquellas otras cuestiones personales … queda afuera”, en referencia a límites definidos por una cautela de garantía.
La investigación sigue a cargo del Ministerio Público y el avance del caso incluye la resolución sobre la reserva de la declaración y las solicitudes de levantamiento del secreto bancario del empresario y su sociedad. Estas decisiones serán claves para el desarrollo del proceso y su posible impacto en la esfera política y en la tramitación de causas en el Congreso y el Senado.
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