Senadores de oposición presentaron una reforma constitucional que busca impedir que exfiscales del Ministerio Público sean designados como ministros, subsecretarios u otras autoridades de confianza política durante los dos años siguientes al cese de sus cargos, iniciativa que fue impulsada tras el nombramiento de la exfiscal regional de Tarapacá Trinidad Steinert como ministra de Seguridad.
La propuesta, suscrita por los senadores Gastón Saavedra (PS), Alejandra Sepúlveda (ind.), Fidel Espinoza (PS) y Daniel Núñez (PC), plantea incorporar a la Constitución un artículo que establezca que “los fiscales no podrán ser designados ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y secretarios regionales ministeriales, sino hasta transcurridos dos años desde el cese de sus funciones”.
Según los autores, la iniciativa busca resguardar la independencia del Ministerio Público frente a eventuales influencias. En ese sentido, el senador Gastón Saavedra afirmó que “lo que queremos es evitar la dependencia política e ideológica del Ministerio Público garantizando a los chilenos y chilenas que se está ejerciendo la justicia con buenas prácticas”.
Los senadores señalan además que es necesario proteger que “un fiscal que investiga hechos que pudiesen constituir o constituyen delitos de diversa índole, pase desde dichas responsabilidades a ser designado en cargos de confianza política de directa decisión del Presidente de la República”, ya que ello “puede dar paso a presiones de todo tipo, influencias indebidas y eventuales faltas a la probidad”.
El antecedente inmediato de la iniciativa es el nombramiento de Trinidad Steinert, quien dejó su cargo como fiscal regional de Tarapacá para asumir como ministra de Seguridad del Presidente José Antonio Kast, hecho que motivó el debate sobre posibles conflictos entre funciones de persecución penal y designaciones en el Ejecutivo.
La reforma fue presentada por los senadores firmantes y, según lo establecido por la vía constitucional, deberá iniciar su tramitación en el Congreso para ser discutida y votada en las instancias correspondientes del Senado y la Cámara. De aprobarse, la medida implicaría cambios constitucionales en las reglas sobre incompatibilidades y nombramientos de autoridades.
La propuesta apunta a abrir un debate sobre independencia del Ministerio Público, conflictos de interés y probidad en las designaciones del Gobierno, temas con impacto directo en la percepción ciudadana sobre la imparcialidad de la justicia. Sigue la cobertura política en portalnacional.cl para más información sobre la tramitación de esta iniciativa.
