El Servicio Electoral (Servel) notificó a 13 partidos políticos que podrían perder su inscripción tras no cumplir el umbral legal exigido en la última elección parlamentaria, en un proceso que podría derivar en su disolución y que abre la vía a impugnaciones ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). La medida impacta en el mapa partidario y en la dinámica entre el Congreso, el Gobierno y la oposición.
Según la normativa vigente, “tras cada elección de diputados, los partidos deben obtener al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o elegir un mínimo de cuatro parlamentarios en, al menos, dos regiones distintas”. Aquellas colectividades que no reúnan alguno de esos requisitos “arriesgan perder su inscripción”, informó el Servel al notificar a las organizaciones afectadas.
En total, 13 colectividades fueron notificadas por no alcanzar el umbral legal. El listado incluye:
– Acción Humanista
– Federación Regionalista Verde Social
– Evópoli
– Demócratas
– Partido Radical
– Amarillos
– Partido Social Cristiano
– Partido Humanista
– Partido de Trabajadores Revolucionarios
– Partido Popular
– Igualdad
– Alianza Verde Popular
– Partido Ecologista Verde
La notificación formal del Servel “marca el inicio de un proceso que aún contempla instancias legales”, por lo que las colectividades pueden optar por impugnar la resolución ante el Tricel, autoridad competente para revisar estas controversias. Evópoli, por ejemplo, “anunció que recurrirá a la justicia electoral” para intentar revertir la medida; “según trascendió, el partido habría incorporado al exministro Juan José Osa para encabezar su defensa jurídica ante el Tricel”.
Desde el Servel han subrayado que la aplicación de estos criterios “responde estrictamente a lo dispuesto en la legislación electoral”, cuyo objetivo es garantizar un mínimo de representación y respaldo ciudadano para la continuidad legal de las agrupaciones políticas.
La eventual pérdida de vigencia de alguno de estos partidos podría provocar ajustes en la representación política y en las alianzas parlamentarias, especialmente en sectores donde las colectividades notificadas no lograron consolidar presencia legislativa.
