La exdelegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, defendió su gestión durante el megaincendio de 2024 tras la publicación de un informe de la Contraloría Regional que detectó irregularidades en la compra de bienes y servicios por parte de la delegación. El reporte señala pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones.
El informe de la Contraloría responsabiliza a municipalidades, a la Delegación Presidencial Regional y a la Dirección Regional de Arquitectura en las observaciones de la gestión administrativa vinculada a la emergencia. Entre las principales anomalías, el organismo detectó ausencia de respaldo en pagos y fallas en los procesos contractuales de adquisiciones realizadas por la delegación.
González, quien fue electa diputada en cupo del Partido Comunista, dijo tener “absoluta tranquilidad respecto de cada una de las decisiones adoptadas durante los primeros días y meses posteriores al mega incendio. Todas tuvieron un único propósito: responder con la mayor rapidez y eficacia”.
Sobre la legalidad de las medidas aplicadas, la exautoridad afirmó que “cada medida se adoptó siempre dentro del marco de la ley y sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas”.
La exdelegada también sostuvo que, en su rol, advirtió oportunamente sobre posibles “errores o irregularidades administrativas” que motivaron investigaciones y sumarios. En ese sentido recordó que, “al momento de presentar mi renuncia, el día 15 de noviembre de 2024, existían varios sumarios en curso, precisamente porque actuamos con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos establecidos”.
González destacó además que su trayectoria pública ha estado “siempre marcada por la transparencia, la probidad y el compromiso con las personas” y pidió que los antecedentes sean remitidos a las instancias competentes para determinar responsabilidades y sanciones.
El caso seguirá su curso institucional: el informe de la Contraloría abre la vía a auditorías internas, sumarios y la eventual derivación de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, procesos que determinarán eventuales responsabilidades administrativas o penales. Para los ciudadanos, las observaciones del organismo contralor implican la necesidad de fiscalización sobre el uso de recursos públicos en emergencias y la trazabilidad de compras realizadas por la Delegación Presidencial.
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