La Comisión para la Fijación de Remuneraciones resolvió que, a partir de 2026, quien ostente la renta más alta en la administración pública debe ser el Presidente de la República, por lo que el sueldo del próximo mandatario, José Antonio Kast, alcanzará los $11.070.064 bruto. Esta decisión vuelve a poner en el centro del debate las remuneraciones en el Gobierno y el rol del Congreso en su regulación.
La medida responde a que existen funcionarios y asesores en la administración pública con sueldos superiores al del actual Presidente, Gabriel Boric, y que subsecretarios perciben haberes mayores que algunos ministros.
Según datos de Transparencia citados por la Comisión, en 2025 el Presidente Gabriel Boric percibió una remuneración líquida de “$5.765.081” (en noviembre) y una renta bruta de “$7.033.974”. Con la resolución del órgano —integrado por Felipe Larraín, Enrique Marshall, Patricia Arriagada, Diego Paulsen y Alejandro Weber—, los ingresos del próximo Presidente ascenderían a “$11.070.064”, lo que implica, en términos brutos, un aumento de “$4.036.090” respecto al actual mandatario.
Sobre el cambio, Kast señaló en una entrevista con T13 que “es una norma legal” y que fue una decisión que “decidió el Congreso”. En la misma entrevista, cuestionado sobre si aceptará el monto fijado, afirmó que “nosotros no hemos debatido el monto del sueldo. Lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza a personas que no tienen la aptitud o las capacidades para hacer su trabajo”.
Durante la campaña presidencial de 2021, Kast se comprometió a rebajar su salario “a la mitad” como gesto de austeridad. Asimismo, el Presidente electo ha anunciado que “vivirá en La Moneda junto a su esposa María Pía Adriasola”, según su equipo, como parte de esas señales de ahorro personal.
La resolución de la Comisión entrará en vigencia en 2026, cuando asuma el nuevo Gobierno, y queda por ver cómo será recibida por la oposición, el propio Congreso y la opinión pública. La actualización de la estructura de remuneraciones en el sector público plantea además preguntas sobre la equidad salarial entre diferentes cargos estatales y posibles ajustes normativos futuros.
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