El próximo 11 de marzo, junto con el cambio de Gobierno, diez exmilitares y expolicías asumirán cargos en el Congreso y en el Ejecutivo, lo que reactiva el debate sobre las remuneraciones públicas y la acumulación de pensiones institucionales en Chile. Entre las preocupaciones figura que algunos ingresos combinados superarían el sueldo del Presidente electo.
Ese día tomarán posesión 79 diputados y 19 senadores, entre ellos un grupo de exuniformados que provienen del Ejército, la Armada y Carabineros, según el recuento publicado por T13.
Entre los nuevos parlamentarios destaca el exgeneral de Carabineros Enrique Bassaletti, quien asumirá como diputado por el distrito 8 como independiente con cupo del Partido Republicano. También ingresará al Congreso el excarabinero Sebastián Zamora, electo por el distrito 7, y Hans Marowski, exoficial que representará al distrito 10 por el Partido Nacional Libertario. En el Senado llegará Cristián Vial, electo por la Región del Maule.
La nómina de exuniformados que debutan en cargos políticos se suma a quienes repiten periodo. Entre ellos están el diputado Luis Pardo (Renovación Nacional), quien se retiró del Ejército en 1989 con el grado de teniente; Miguel Becker, exintegrante del Ejército; y Daniel Lilayú (UDI), coronel de Carabineros en el área de Sanidad, actual representante del distrito 25.
Sobre las remuneraciones, “La dieta bruta de un parlamentario alcanza $7.300.000”, según un informe de La Segunda citado en la nota original. Ese monto, combinado con pensiones por servicio militar o policial, podría elevar sustancialmente los ingresos de algunos exuniformados.
De acuerdo con antecedentes publicados por el medio Contrapoder, “Vial y Bassaletti recibirían la dieta parlamentaria más pensiones brutas que rondan los $5.100.000 y $5.400.000, respectivamente”, lo que llevaría sus ingresos totales por sobre los $12 millones mensuales, “por encima del sueldo del propio Kast, estimado en cerca de $11 millones”, consigna la misma cobertura.
La situación no se limita al Congreso. Según la información disponible, los independientes Rodrigo Álvarez y Christian Bolívar, nombrados subsecretarios en el área de Defensa, combinarían su remuneración como autoridades —cercana a $7 millones brutos— con pensiones institucionales, lo que podría situar sus ingresos por encima de los $10 millones mensuales. Asimismo, para el comisionado de la Macrozona Norte, Alberto Soto, se advierte que “si su remuneración se equipara a la de los delegados presidenciales (que supera los $10 millones brutos) y se suma a su pensión institucional, sus ingresos podrían situarse por sobre los $15 millones mensuales”, según las fuentes citadas.
Este escenario abre un debate público sobre la compatibilidad de sueldos y pensiones estatales cuando exuniformados ocupan cargos de representación y gestión en el Estado. Organismos de control y la opinión pública podrían poner la lupa en la fiscalización de estas remuneraciones y en la transparencia de las declaraciones de renta y pensiones.
El próximo paso formal es la toma de posesión el 11 de marzo, fecha en que se confirmarán los cargos y comenzará la labor legislativa y ejecutiva de quienes asumen. La discusión sobre las implicancias presupuestarias y el impacto en la percepción ciudadana continuará en el Congreso y en la agenda del Gobierno.
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