El próximo 11 de marzo, además del cambio de Gobierno, al Congreso llegarán diez exuniformados cuyos ingresos podrían elevarse por la suma de la dieta parlamentaria y pensiones institucionales, lo que reaviva el debate sobre remuneraciones públicas y su impacto en la política chilena.
Diez exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden —del Ejército, la Armada o Carabineros— asumirá cargos en el Parlamento o en la administración pública a partir del 11 de marzo, cuando también tomen posesión 79 diputados y 19 senadores, en paralelo al cambio de administración en La Moneda.
Entre quienes debutan en el Congreso figura el exgeneral de Carabineros Enrique Bassaletti, que asumirá como diputado por el distrito 8 con cupo del Partido Republicano. También ingresan al Parlamento Cristián Vial, electo senador por la Región del Maule; el excarabinero Sebastián Zamora, diputado por el distrito 7; y Hans Marowski, diputado por el distrito 10 por el Partido Nacional Libertario. Además, varios exmilitares y expolicías que ya tenían experiencia parlamentaria repetirán período, como los diputados Luis Pardo, Miguel Becker y Daniel Lilayú.
El posible incremento de ingresos se explica por la combinación de la dieta parlamentaria con pensiones militares o policiales. En ese sentido, “La Segunda señala que ‘la dieta bruta de un parlamentario alcanza $7.300.000′”. Por su parte, “de acuerdo con antecedentes publicados por el medio Contrapoder, Vial y Bassaletti recibirían pensiones brutas que ‘rondan los $5.100.000 y $5.400.000, respectivamente'”, lo que, según esa estimación, haría que “sus ingresos totales superarían los $12 millones mensuales”, cifra que se ubicaría por encima del sueldo del presidente electo José Antonio Kast, que “está estimado en cerca de $11 millones”, según la misma cobertura.
La discusión no se limita al Congreso. Según el mismo análisis, otros cargos en la futura administración también podrían combinar remuneración pública y pensiones institucionales. Por ejemplo, los independientes Rodrigo Álvarez y Christian Bolívar, proyectados como subsecretarios en Defensa, “recibirían su sueldo como autoridades —cercano a $7 millones brutos— además de las pensiones que perciben por su trayectoria institucional, lo que elevaría sus ingresos totales por sobre los $10 millones mensuales”, indica el reporte. Asimismo, la designación de Alberto Soto como comisionado para la Macrozona Norte podría derivar, en caso de equipararse su remuneración a la de los delegados presidenciales, en ingresos que “podrían situarse por sobre los $15 millones mensuales” cuando se combine su sueldo con pensiones, según las estimaciones publicadas.
El arribo de exuniformados a cargos políticos plantea, además de un cambio de rol desde las instituciones hacia la administración pública, interrogantes sobre la transparencia y equidad en la percepción de haberes estatales cuando se suman pensiones institucionales. Los cálculos difundidos por medios nacionales alimentan un debate que podría tener implicancias en la agenda del Congreso y en la percepción ciudadana sobre la austeridad y el gasto público.
