La Superintendencia de Educación Superior formuló cargos contra la Universidad San Sebastián (USS) por presuntas irregularidades en contratos y remuneraciones a figuras públicas, en un caso que suma investigación fiscal y cuestionamientos sobre vínculos políticos en la educación superior. La investigación involucra a la exministra Marcela Cubillos, al exfiscal Manuel Guerra y al senador Arturo Squella.
En diciembre de 2025 la Superintendencia de Educación Superior presentó cargos administrativos contra la USS por pagos y contrataciones irregulares a 15 personas, en su mayoría vinculadas a partidos políticos, según dio a conocer el medio Reportea.
Reportea señaló que dentro de la universidad se realizaban “contrataciones políticas” en apoyo a dirigentes que habían perdido una elección.
La entidad detectó dos tipos de irregularidades: no respetar las bandas salariales y efectuar contrataciones fuera de las normas y lineamientos aplicables. En el caso de la exministra Marcela Cubillos, la publicación de su remuneración —que alcanzó los $17 millones— motivó la investigación iniciada en septiembre de 2024.
Entre las personas cuestionadas figura el exfiscal Manuel Guerra, imputado en el marco del caso Hermosilla. Reportes periodísticos de The Clinic y Ciper señalan que Guerra, junto al abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, habría coordinado el cierre de causas que afectaban a dirigentes del sector. En la USS Guerra percibía una remuneración bruta de 6,3 millones por una jornada parcial.
Este jueves la justicia decretó prisión preventiva para Manuel Guerra; además, se le imputan delitos entre los que figuran cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. Sobre la vinculación entre la investigación penal y las remuneraciones en la USS, el fiscal Mario Carrera afirmó que “es una línea que tenemos que analizar con fuerza y ver el contenido de ese informe”.
La formulación de cargos por parte de la Superintendencia y la instrucción del Ministerio Público mantienen abierto el expediente tanto en la vía administrativa como en la penal. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia en las universidades privadas y la relación entre instituciones educativas y actores del mundo político, incluido el Senado donde milita uno de los implicados.
Los próximos pasos son la continuación del trámite administrativo iniciado por la Superintendencia de Educación Superior y la fase de investigación del Ministerio Público, que tiene un plazo de 45 días para indagar los hechos señalados por la fiscalía. La evolución de ambas investigaciones será clave para determinar eventuales sanciones y responsabilidades.
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