La Cancillería cerró un sumario administrativo que detectó “falta de control generalizado” en la embajada de Chile en Argentina entre 2021 y 2023, tras una investigación de cinco tomos que derivó en sanciones a tres funcionarios por irregularidades en compras y manejo de divisas.
Mediante una resolución emitida el 6 de octubre, Cancillería dio por terminado el proceso disciplinario, informan los antecedentes del sumario.
El expediente —de 2.574 fojas según el informe— estableció pagos anticipados en dólares y en efectivo a proveedores, lo que el documento califica como “cuestión del todo irregular”. El informe describe un “intenso y riguroso movimiento de dólares estadounidenses en efectivo, bajo el pretexto de que los proveedores no aceptan el pago de sus servicios mediante transferencia electrónica”.
El sumario consignó que muchos proveedores presentaban facturas “hechas a mano” que no cumplían con las formalidades de la AFIP y, por tanto, eran “no tributables ni verificables”. Asimismo, detalló que parte de los proveedores cambiaba los dólares recibidos en el mercado informal —el llamado dólar blue—, aprovechando la diferencia cambiaria para aumentar el valor en pesos argentinos antes de realizar compras relacionadas con la embajada. En 2023, el informe cita valores aproximados del tipo de cambio oficial y paralelo como ejemplo de esa brecha.
Según la investigación, el mecanismo permitía fijar precios de servicios de forma discrecional; no obstante, el sumario “no logró determinar” si los montos acordados excedieron el valor comercial ni si “el saldo de pesos argentinos generado con el tipo de cambio era reintegrado a la embajada”.
El documento también consignó prácticas de contratación verbal, sin buscar ofertas alternativas ni exigir cotizaciones ni contratos formales. Además, señaló que el encargado de eventos, pese a pagar a proveedores, realizaba personalmente compras en supermercados como Jumbo o Carrefour y acumulaba para sí mismo los puntos de fidelidad de esas tiendas.
Otras anomalías detectadas incluyen uso irregular de gastos de representación —cercanos a US$18.000 anuales según el informe— personal no autorizado manejando el dispositivo digipass de la embajada para transferencias bancarias y pagos a artistas chilenos sin la documentación tributaria correspondiente.
Como resultado del sumario, tres funcionarios recibieron medidas disciplinarias. El informe establece que Alberto Rodríguez, exjefe de cancillería en la misión y actual embajador de Chile en Marruecos, “recibió una anotación de demérito y una multa del 10% de su remuneración” por no ejercer control jerárquico y validar rendiciones sin respaldo adecuado. Álvaro Arévalo, jefe administrativo, “recibió una anotación de demérito y un 5% de su sueldo” por no supervisar la gestión financiera de su equipo. Patricia Águila, asesora de gestión administrativa, recibió “una anotación de demérito y censura” por no supervisar adecuadamente adquisiciones y servicios.
El canciller Alberto Van Klaveren, según la resolución, “rechazó los recursos de apelación presentados por los sancionados” en el proceso.
Los problemas internos en la sede diplomática se remontan a mediados de 2023, cuando un homenaje de la embajada al poeta Gonzalo Rojas incluyó errores en un video y atribuciones incorrectas de poemas, lo que motivó críticas de la familia del autor y tensiones en el equipo de la entonces embajadora Bárbara Figueroa. A raíz de ese episodio, la primera secretaria Catalina Barceló, con apoyo de Figueroa, solicitó investigar presuntos giros de recursos fiscales contra facturas no tributables en actividades como la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Cuatro fiscales de Cancillería indagaron los hechos desde agosto de 2023 y, en paralelo, Barceló presentó un recurso de protección por la demora en la indagatoria. Además, el 20 de mayo de 2025 una veintena de funcionarios envió una carta al canciller pidiendo intervención por el mal clima laboral; Barceló respondió con denuncias por acoso laboral contra 12 personas, entre ellas el actual embajador José Antonio Viera-Gallo, recoge el sumario.
La embajada de Chile en Argentina cuenta con alrededor de 45 funcionarios, según los antecedentes incluidos en la investigación.
