El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió este miércoles a los ocho acusados en el caso SQM, incluyendo al candidato Marco Enríquez-Ominami y al exministro Pablo Longueira, en una decisión que cuestionó la actuación del Ministerio Público y la duración del proceso.
En la lectura del veredicto, el tribunal señaló un “actuar poco prolijo del Ministerio Público” y advirtió que la extensa tramitación del caso implicó una vulneración de derechos, porque “las penas estarían cumplidas” y la demora los mantuvo “en una situación de incertidumbre, potencialmente lesiva para su vida personal, familiar y laboral”.
La resolución indicó además que “se absuelve a los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami, y Cristián Warner Villagrán por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de los delitos tributarios contemplados en el artículo 97, número 4, inciso primero, segundo y final del código tributario”, según consignó el tribunal.
En una parte complementaria del fallo, el tribunal concluyó “que se absuelve a los acusados Patricio Contesse González y Juan Pablo Longueira Montes por los hechos imputados en su contra por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y la Fundación Ciudadanía Inteligente, actualmente Fundación Ciudadanía Inteligente”.
El caso SQM investigó el presunto financiamiento irregular de campañas políticas por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile. La causa se extendió por cerca de diez años y cobró relevancia pública durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, con cientos de audiencias a lo largo del proceso.
Con el veredicto ya pronunciado, queda pendiente la lectura de la sentencia, que fue fijada para el 5 de agosto de 2026. La resolución abre además un nuevo capítulo en el debate sobre el accionar del Ministerio Público y los plazos en causas de alta complejidad, cuestiones que suelen mirar el Congreso, el Gobierno y la opinión pública por su impacto en la institucionalidad y la transparencia electoral.
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